Por qué Fiscalía pidió la prisión preventiva del alcalde de Quito Jorge Yunda
María Belén Arroyo martes, 16 febrero 2021 - 12:52
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Son 430 fojas de pericia a los mensajes enviados entre dos altas funcionarias del área de Salud del Municipio; algunos se dirigen al alcalde Jorge Yunda. Los indicios fueron revelados esta mañana durante la audiencia de vinculación del alcalde, y 6 personas más, a la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de peculado. En la diligencia, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Yunda para garantizar su comparecencia en el proceso.
Los chats y mensajes son claros. Yunda conoció el 8 de julio que la única salida viable era la terminación unilateral del contrato con la proveedora de las cien mil pruebas para Covid-19. Sin embargo, en lugar de seguir el consejo de quien era la Secretaria de Salud a la fecha, Ximena Abarca, decidió avanzar con el uso de las pruebas. Y el 13 de julio, el Municipio suscribió un convenio de terminación por acuerdo mutuo con la empresa Salumed S.A., el cual deja expresa constancia de que ésta suministró los insumos a satisfacción del Cabildo. Según estos indicios, Yunda habría favorecido a un contratista incumplido.
El expediente investiga las irregularidades en la compra de cien mil pruebas para detección de Covid-19, contrato que se suscribió en abril de 2020 entre el Municipio de Quito a través de la Secretaría de Salud y la firma privada Salumed S.A, en medio de la emergencia. El monto fue 3,7 millones de dólares más IVA, totalizando 4,2 millones.
La empresa proveedora importó desde Corea las pruebas, que no usaban la técnica PCR sino una variante. Sin embargo, no hubo estudios técnicos previos sobre la capacidad diagnóstica, las instalaciones, ni la infraestructura de análisis clínico por parte de la municipalidad, advierte el informe con Indicios de Responsabilidad Penal que emitió la Contraloría posteriormente.
El hecho es que llegaron los reactivos pero no había capacidad técnica de procesamiento en laboratorio alguno, por lo que las pruebas no podían ser usadas. Eso causó el primer revuelo y la salida del funcionario responsable del contrato. La dirección de Salud fue encargada a Ximena Abarca. Desde un cargo con perfil académico, la microbióloga Linda Guamán se encargó de pedir validaciones científicas y de monitorear el uso de los kits.
Los estudios independientes terminaron por establecer la baja sensibilidad (86 por ciento), es decir, de cada cien infectados, 14 no serían detectados. A pesar de ello, la municipalidad confió en una traducción del catálogo, que está redactado en coreano por la casa fabricante, según el cual la sensibilidad sí es la adecuada.
Sin embargo, los chats revelan que científicos de la Universidad de las Américas (UDLA) insistían en los peligros de usar pruebas de baja calidad en medio de la pandemia. Las alertas fueron enviadas a la responsable del área científica, quien las minimizaba. “Como ecuatoriano yo no permitiría que en mi país se usen pruebas que no son validadas en Corea, que es país fabricante de esos insumos”, alerta el autor del estudio.
En los chats las funcionarias advierten que se ha filtrado el informe negativo a las pruebas Covid-19 y satanizan a los medios que publicaron ese documento. Consultan sobre la posibilidad de acceder a nuevos estudios.
El hecho es que la municipalidad debió erogar otros 600 mil dólares, para externalizar el procesamiento de los tests.
El alcalde Yunda no asistió a la diligencia de esta mañana. Sin embargo, desde que se hizo público el pedido de su vinculación a este proceso, anunció que no tiene nada que ocultar, que su gestión durante la pandemia evitó la mortandad masiva evidenciada en otras ciudades. Y por tanto defendió su inocencia.
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