Los nudos críticos de la violencia de género en Galápagos
Las islas encantadas esconden una trágica realidad para las mujeres víctimas de la violencia. El caso de una canadiense violada por su excompañero de trabajo es el reflejo de que en el archipiélago todos parecen querer ocultar el problema. Más de 1.000 casos, entre consumados y tentativa, se han registrado desde agosto del 2014, pero solo 23 han obtenido sentencia.
Patricia (nombre protegido) llegó a las islas encantadas hace 20 años para aprender español. Tras cumplir su objetivo volvió a su natal Canadá, pero retornó al archipiélago en el 2017 para radicarse por completo. La belleza de las Islas la habían fascinado.
Pero el encanto terminó el 20 de febrero del 2021, cuando Patricia, quien vivía en Santa Cruz, denunció que su excompañero de labores, identificado como Gregorio Guillermo S. V., la había violado utilizando la fuerza, al interior de su domicilio.
Aquel día, él la acompañó hasta su casa luego de una reunión social, con la excusa de protegerla para que no sea víctima de la delincuencia. Patricia cuenta que Gregorio le dijo que se sentía un poco mal y que si podría entrar a su vivienda para descansar. Ella accedió sin imaginar lo que sucedería.
Minutos después el sujeto empezó a agredirla físicamente, provocándole hematomas, y cometió el delito.
“Patricia narró que su dolor era tan grande que hasta pensó en lanzarse del balcón, porque no entendía lo que había pasado, estaba preocupada, no sabía si iba a volver a violarla”, señaló su abogado Fernando Yávar.
La víctima llamó a la Policía Nacional, quien inició un operativo de ubicación y captura del procesado. El hombre fue detenido horas después y Patricia puso la denuncia ante Fiscalía.
El pasado nueve de febrero del 2022, Gregorio Guillermo S. V. fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de pena privativa de libertad, tras demostrarse su responsabilidad penal en el delito de violación con agravantes. Además, el Tribunal del Guayas le impuso una multa de 800 salarios básicos unificados (340 mil dólares) y 10 mil dólares por concepto de reparación integral a la víctima.
MÁS VIOLENCIA
Grupos feministas que acompañaron el caso y el jurista Fernando Yávar alertan que la ciudadana canadiense tuvo que relatar los hechos alrededor de diez veces, tanto en el proceso penal como fuera de él. Incluso el día de la audiencia de juzgamiento se perdió el CD con el testimonio anticipado.
“El video inexplicablemente desapareció, decían que estaba en una computadora, pero nunca llegó. La víctima tuvo que volver a rendir su testimonio, fue muy difícil. Ella lloró cuando comenzó de nuevo a contar su historia”, señala el abogado.
A esto hay que añadir el acoso que recibió Patricia durante el proceso penal, por parte de familiares y personas que apoyaban la inocencia del implicado.
“Recibí muchos mensajes de amenazas en Facebook, empezaron a difamarme porque es una sociedad que desea mantener en secreto a las sobrevivientes”, relata a Vistazo la extranjera desde su estancia en Canadá, a donde huyó con miedo a las represalias que podría haber contra ella tras la sentencia.
Dice que se sentía tan intimidada que no podía caminar libremente por las calles porque le gritaban e intentaban hacerle daño.
Luego del dictamen de la justicia, Patricia se siente más tranquila y trabaja en su bienestar emocional lejos de cualquier tipo de violencia, pero reconoce que su vida nunca volverá a ser la misma.
De hecho, tiene estrés postraumático, no ha podido volver a trabajar porque sufre constantes flashbacks de la agresión, su nivel de concentración es distinto y acarrea problemas en su salud física. No pudo caminar bien durante un mes.
“Es una isla muy linda con la naturaleza, pero también es un lugar donde existen tantas violencias. Las sobrevivientes no estamos protegidas. La gente tiene miedo de hablar. El secreto no es bueno, a pesar de toda la intimidación que tuve, nunca di un paso atrás porque yo quiero dejar en claro que es un delito y hay una sanción”.
GRUPOS FEMINISTAS
Grupos feministas, que siguieron el denominado ‘Caso Patricia’ y que brindan asesoramiento y acompañamiento a muchas mujeres víctimas de violencia en las islas, también reciben acoso en redes sociales y en las vías.
“Una vez un comisario de la policía nos dijo que no podíamos hacer una protesta en la calle porque simplemente no quería que estemos ahí. Nos empezó a preguntar: ¿ustedes qué saben?, no son jueces, no deberían estar juzgando”, narró Nicolette Maquilón, directora de Mi Diario Grita.
Las feministas narran que en el ‘Caso Patricia’ hubo una división de colectivos y ciudadanos en Santa Cruz. Unos apoyaban al agresor que es galapagueño y no a la víctima por el hecho de ser extranjera.
“El ataque mediático que recibimos nos impulsó a pedir apoyo a la Defensoría del Pueblo Nacional, porque la Defensoría Provincial estaba haciendo vigilancia del debido proceso por solicitud del acusado”, mencionó Patricia Moreno, de la red Tejido Violeta Galápagos, quien añadió que las defensoras han denunciado varias veces ante autoridades locales y nacionales, hostigamientos e intentos de represión .
NUDOS CRÍTICOS
Los colectivos que defienden los derechos de las mujeres coinciden en que Galápagos necesita fortalecer las instituciones que están llamadas a proteger a las víctimas, pues muchas de ellas no tienen el suficiente personal o no están capacitadas en violencia de género.
Isabela Iturralde, del Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alerta (Magma), por ejemplo, señala que su colectivo supo de un caso de presunta violencia sexual dentro de la Policía. La víctima necesitaba un defensor público que le ayude con los trámites jurídicos, pero no había ninguno en ese momento.
“La Defensoría Pública y todas las instituciones del Estado tienen la obligación de no parar sus servicios, es decir, que tenían que poner a una persona que cubra al ausente. En otros casos, no hay peritos médicos que hagan las valoraciones necesarias, lo que dificulta los procesos penales”.
Magma ha identificado varios nudos críticos del sistema de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en las siguientes instituciones: Secretaría de Derechos Humanos, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Policía, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, hospitales, etc.
Esta falta de equipos especializados ha provocado una fuerte percepción de ausencia del Estado frente a la violencia contra las mujeres. Según detalla Iturralde, muchas no denuncian y cuando lo hacen no llegan hasta las siguientes instancias.
“Las víctimas dan un paso atrás porque no tienen un acompañamiento por parte de profesionales expertos. Las denuncias se quedan en Fiscalía, no llegan a judicializarse, fue un logro que el ‘Caso Patricia’ haya tenido sentencia”.
En abril del 2021, Vistazo reveló el caso de una adolescente víctima de abuso sexual al estilo ‘la manada’ dentro de un barco en Santa Cruz. En este hecho están implicados tres jóvenes, uno de ellos hijo de una exautoridad del cantón. Al momento, el proceso no ha concluido, siguen en investigaciones y apelaciones.
Otro caso que marcó a las islas fue el femicidio de Jennifer Haz, la primera muerte de este estilo en las islas. El delito ocurrió el 11 mayo del 2020, también en Santa Cruz, cuando el exesposo la golpeó y luego atacó 33 veces con un destornillador, ocasionándole heridas en la cabeza, pecho y espalda, que produjeron su deceso. El agresor fue condenado a 34 años y ocho meses de cárcel.
A partir de este asesinato, emergió un movimiento feminista en el archipiélago para denunciar la violencia, tal como lo describe el medio digital Indómita en un reportaje sobre este tema.
Así mismo, el colectivo Magma contó que tras la sentencia del ‘Caso Patricia’, en la siguiente semana cuatro mujeres se acercaron al movimiento para obtener ayuda, pues habrían sido víctimas de violencia de género.
En lo que va del 2022, ya se han registrado 21 denuncias, 18 son por violencia psicológica, dos por abuso sexual y una por violación, según datos del SIAF.
CÍRCULOS DE SILENCIO
Un estudio de ONU Mujeres publicado en el 2020, que analizó la situación de la violencia de género en Santa Cruz e Isabela, detalló que la falta de instituciones ha provocado que las agresiones operen de forma legítima: todo se puede, todos y todas lo saben, pero nadie lo reporta.
“Esta cualidad fue especialmente perceptible cuando se levantó información sobre la violencia en el ámbito intrafamiliar, un fenómeno que muchas niñas y mujeres viven, escuchan y conocen, pero que permanece entrampada en un círculo de silencio”.
Además, el reporte detalla la “casi nula presencia de planes de prevención de la violencia desde las carteras de educación, salud, trabajo e inclusión económica y social”.
De igual forma, el análisis explica que hay una “evidente tensión” entre la imagen que se proyecta de Galápagos como un destino seguro, con énfasis en la naturaleza, versus las barreras y necesidades socioeconómicas de los habitantes.
CASA DE ACOGIDA
Uno de los mayores desafíos que atraviesan las mujeres es abandonar su hogar sin contar con el apoyo físico, psicológico, legal y social necesario para continuar su proyecto de vida lejos de las agresiones. Por ello, colectivos feministas solicitan la creación de una casa de acogida como una de las acciones inmediatas para ayudar a las víctimas.
Sobre este tema, Lilibeth Romero, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, comentó que el año pasado, el pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos emitió una ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia en la provincia. Esta estipula la creación de una comisión que integre a entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo de esta comisión sería realizar varias acciones en favor de la mujer, entre ellas la creación de un centro de acogida, así mismo que se puedan fortalecer las juntas de protección que velan por los derechos de las mujeres.
Romero dijo que a inicios de este año se reunieron para establecer una hoja de ruta, pero están a la espera de otro encuentro con todas las autoridades, pues en el Consejo de Gobierno de Galápagos hubo cambios en el personal.
“Debemos articularnos con nuevos desafíos, uno de ellos será la socialización de estos temas con la ciudadanía, capacitación, fortalecimiento de las instituciones, hablar con la Policía para que no haya revictimización, entre otros aspectos”.
Mientras tanto, las mujeres víctimas de violencia siguen en indefensión por parte de las autoridades en Galápagos. Atrapadas en un paraíso natural que descuida el desarrollo de las mujeres.
