El relato de tres madres que perdieron a sus hijas por femicidios: “¿Quién repara un corazón roto?”
Memoria, justicia y reparación es lo que piden las familias de las víctimas de femicidio. Desde el 2014 se han perdido 1.075 vidas y en lo que va del 2022 ya se reportan 28 feminicidios, transfeminicidios y muertes violentas de mujeres, según reporta Fundación Aldea.
Ante la falta de respuesta del Estado, nace la iniciativa ‘Flores en el Aire’, cuya meta es visibilizar las vidas perdidas a través de mapas interactivos. Tres madres que forman parte del proyecto relatan la dolorosa lucha por lograr una reparación integral que queda solo en papeles y no se concreta.
YADIRA, MADRE DE ANGIE CARRILLO
Angie Carrillo desapareció en enero del 2014 y fue buscada por dos años y medio. Su madre Yadira Labanda se convirtió en una investigadora más para encontrarla. Pegó afiches en tiendas, postes, casas e incluso cruzó la frontera Ecuador-Colombia.
La joven de 19 años y su agresor, Bryan, mantuvieron una relación sentimental en su época de estudiantes secundarios en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. No obstante, cuando cada uno fue a una universidad diferente, Angie quiso terminar la relación, pero el sujeto no. Poco después la joven desapareció.
Yadira recuerda que habló en varias ocasiones con el exnovio de su hija para “suplicarle información”, pero nunca dio ninguna pista. La intuición de madre le decía que estaba ocultando algo, por lo que insistió ante Fiscalía para que lo detuvieran e investigaran más allá de la versión que daba.
Las esperanzas por hallarla con vida se desvanecieron cuando se enteró que Angie había sido asesinada en un sector despoblado de Carcelén, al norte de Quito. “La había enterrado a pocas cuadras de la casa en un botadero de basura”, relata la madre.
El 3 de mayo de 2016, ante la fiscal, Bryan confesó haberla asesinado y fue sentenciado por femicidio a 34 años y ocho meses de cárcel.
El caso concluyó, pero para Yadira, madre de Angie, empezó otra búsqueda: la reparación. Algo que aún sigue inconcluso. La hoy activista por la violencia de género describe que después de un femicidio, las familias de las víctimas quedan destruidas y buscan por sus propios medios sanar ese dolor.
“Muchas de nosotras ni siquiera sabemos cómo hacer un duelo. Lo hacemos tratando de buscar ayuda porque el Estado no ha podido darnos una reparación integral. No hay quien haga el acompañamiento. Las instituciones públicas, que son las encargadas, no cuentan con profesionales especializados, empáticos y compasivos”.
MÓNICA, MADRE DE NICOLE ECHEVERRÍA
“Una joven de 19 años con una esencia de bondad absoluta. Su sueño era estudiar para ser paramédico y su misión: salvar vidas”, así recuerda Mónica Jiménez a su hija Nicole Echeverría, quien fue víctima de una violación masiva y posteriormente asesinada.
Los hechos se registraron en noviembre del 2018, durante una reunión de amigos en un domicilio de Guamaní (Quito). Los agresores aprovecharon su situación de vulnerabilidad, pues la víctima había ingerido alcohol. Nicole falleció al interior de la casa de un compañero de clase, como consecuencia de la múltiple agresión sexual.
Mónica no ha tenido opción a descanso físico, peor emocional y tampoco un duelo digno, pues desde que ocurrieron los hechos emprendió su lucha por la verdad. “Nos quitaron la luz de nuestros ojos, nos arrebataron nuestros más preciados tesoros, nuestras ilusiones y sueños comunes”.
Esta madre decidió perseguir a los agresores por su cuenta, buscar pistas, nombres y señales que aporten en las investigaciones. “Los mismos operadores de justicia asesinaban la verdad”, dice.
“Porque su actuación no cuidó la escena, porque abandonaron a las víctimas, protegieron las pruebas y las evidencias, ni siquiera preguntaron los nombres de los agresores, teniéndolos cara a cara los dejaron libres”.
En este caso la Fiscalía procesó e investigó a siete personas, seis como autores directos y una mujer como cómplice. De las cuales Carlos Alejandro P, y Jonathan N. fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de cárcel, este último está libre con medidas cautelares.
Mientras que Stalin Javier R. y William Alfonso Ch. estaban prófugos en el momento del juicio. Tiempo después, se logró capturar al primero, pero hace tres meses fue declarado inocente. William Alfonso tiene difusión roja de la Interpol y está en la lista de los más buscados.
Pero el proceso judicial continúa, pues la sentencia de octubre del 2020, también ratificó la inocencia de Kevin Alexander A., Jonathan Rafael V. y Norma Esperanza G., acusada en calidad de cómplice. La familia de la víctima busca que este resultado se revierta, pero la madre de Nicole alerta que la audiencia de apelación ha sido suspendida cuatro veces.
La familia interpuso una denuncia en contra de la primera fiscal del caso, quien no dictó flagrancia, pese a tener todos los elementos que presumían un femicidio. El Consejo de la Judicatura solo impuso una multa, “lo que no repara en nada la irrupción en la justicia y los daños ocasionados”, comenta Mónica.
También, acusaron a los agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsiones (Dinased) por irregularidades con las pruebas recabadas en el lugar de los hechos. No hicieron el levantamiento de evidencias, pero sí tomaron fotos que constan en el expediente, narra Jiménez.
RUTH, MADRE DE VALENTINA COSÍOS
“¿Quién repara un corazón roto? El corazón de una madre frente al dolor inmenso de ver a su hija violada y asesinada”. Hasta ahora Ruth Montenegro lucha por justicia en el caso de Valentina Cosíos, una niña de 11 años que fue encontrada sin signos vitales en el patio de su escuela.
En junio del 2016, un grupo de docentes vio a Valentina en el área de juegos de la institución. Le preguntaron las razones por la que continuaba en la escuela y la niña les dijo que su madre iría a verla, según describe un informe de Fiscalía.
Los profesores se retiraron sin reportar a las autoridades del colegio, ni al grupo de WhatsApp de padres de familia. Tampoco avisaron a los familiares de Valentina, pese a tener los números telefónicos.
“A cinco años de su muerte, lo que tengo es una sentencia de prescripción del delito por la inacción de los operadores de justicia, de los fiscales, los jueces, los policías y peritos”, denuncia Montenegro junto a un cartel con la foto de su hija.
Agrega que el juez de Garantías Penales, Máximo Ortega, pretende “sepultar para siempre y de una vez por todas nuestro grito y nuestra exigencia de verdad: justicia y reparación”.
Este caso se procesa por homicidio culposo, al infringir el deber objetivo de cuidado. Entre los acusados estaban el rector y propietario del colegio Global del Ecuador en Quito, y cuatro profesoras más. Sin embargo, el juez no llamó a juicio a estas personas porque se cumplieron los cinco años desde que inició el caso.
En cambio, la docente Daiana Paulina M. R., primera procesada en el caso, sí podría ir a juicio. Aún no hay una resolución sobre ella.
“Somos nosotras las madres, las necias, las incansables, las que en amorosa resistencia trastocamos día a día el silencio y las sombras”, dice Ruth, quien seguirá luchando hasta obtener justicia.
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FLORES EN EL AIRE
Estas historias son parte del proyecto Flores en el Aire, una herramienta cartográfica, que recorre digitalmente las rutas de la memoria de las víctimas de femicidio en tres cantones: Cuenca, Portoviejo y Lago Agrio.
Son ocho vidas de mujeres, truncadas por el feminicidio, contadas a través de mapas de los territorios en los que vivieron. Las familias de Cristina, Isabel, Gabriela y Maribel en Cuenca; Celeste, Eliana y Silvia Patricia en Portoviejo; y Angie en Lago Agrio, junto a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres contaron la dolorosa travesía que pasaron.
El proyecto se desarrolla en el marco de la Iniciativa Spotlight, con el liderazgo del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y es implementada por la fundación Aldea y el Laboratorio de Aceleración, junto a colectivos de la sociedad civil.
Las personas que naveguen por los mapas podrán adentrarse en la vida de cada víctima al escuchar audios y ver material audiovisual, que ayudará a comprender las huellas que dejaron tras su partida.
Los mapas están disponibles en este link: https://www.otrosmapas.org/flores-en-el-aire
Según Aldea, en Ecuador, una mujer es víctima de femicidio cada 54 horas. En el 2021 se registraron 197 muertes violentas por razones de género, de las cuales al menos 99 eran madres y 197 hijos quedaron en la orfandad. Por ello esta iniciativa busca mostrar la importancia de una reparación integral urgente para familiares impactados por la violencia.
“Todo esto dentro de un sistema ineficaz, que falla en garantizar la protección de las vidas de las mujeres y la prevención de la violencia de género”, reza un boletín emitido, tras una rueda de prensa.
Por su parte, Geraldine Guerra, presidenta de la fundación Aldea, hizo un llamado a los operadores de justicia para que se acerquen a los territorios donde están los parientes de víctimas de la violencia, “son las familias quienes deben rogar por justicia”.
Además, concluyó con un mensaje al presidente Guillermo Lasso: “Queremos una ley reparadora, que las familias que han sido afectadas por la violencia feminicida se les repare. Eso significa salir del escritorio, acercarse y buscar a las familias”.
