Cultura e institucionalidad en el Ecuador: ¿divorcio permanente en la escena política nacional?
*OPINIÓN:
El país atraviesa coyunturalmente una crisis social de inseguridad que amenaza en agravarse y en perennizarse, en parte, debido a la constante inestabilidad institucional y a una conflictividad política que es incapaz de llegar a acuerdos desde el interés de lo colectivo, que aporten en generar soluciones nacionales para enfrentar esta situación: ¿Un trabajo sostenido y serio desde lo cultural podría aportar claves para resolver estos impases? La cultura, a partir de su aproximación a lo común y lo sensible, es sin duda una gran fuente de soluciones que sin embargo es ignorada no solo por las élites políticas y económicas del país, pero también, y es lamentable decirlo, por la ciudadanía en general.
En términos generales, el involucramiento de la clase política ecuatoriana con el ámbito cultural ha sido insuficiente. Una de las primeras acciones del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes de Ecuador durante el año 2021, a propósito de las pasadas elecciones presidenciales, fue interpelar a los candidatos presidenciales a través de su programa de entrevistas ‘Silla Vacía’. ¿Qué le preguntarías a los candidatos a la presidencia de la República? fue la pregunta retórica que sirvió para involucrar a la ciudadanía y al campo cultural en la indagación de las propuestas de políticas públicas para la cultura y conocer su visión para el sector. La respuesta fue escaza, lo cual no sorprende, apenas tres candidatos (Arauz, Hervas y Velasco) respondieron a la invitación; el actual mandatario no asistió a la cita. Fue lamentable constatar que lo cultural no deja de ser una agenda secundaria en el mejor de los casos, y la mayor parte de tiempo es ignorada o vista como un mero instrumento proselitista por parte de los estrategas políticos.
Las propuestas de política pública —incluso para el entonces candidato artista, Juan Fernando Velasco— se limitaban mayoritariamente a la trillada vinculación del arte, la cultura y el patrimonio con el turismo. Esto nos lleva a un terreno que ya conocemos: la aproximación de las élites políticas al arte se sustenta en lo decorativo y ornamental, en una añeja y colonial visión y admiración por la “alta cultura”, en unos casos, y en otros del folklor. No existe pues, una real comprensión de los roles y potencialidades de la cultura para aportar a la solución de las principales urgencias actuales. A pesar de que, en los últimos años, con discursos importados, algunos actores políticos enuncian a las economías creativas-naranja como posible panacea para mejorar el abanico de posibilidades económicas del país, las cifras siguen siendo desalentadoras.
De ahí que la despreocupación de la clase política a las problemáticas culturales es un síntoma de la debilidad de la atención de la sociedad en su conjunto. Esto se puede comprobar de varias formas, pero quizás la desinstitucionalización del sector es un asunto que vale la pena evidenciar.
Por un lado, los presupuestos estatales para el fomento de la cultura son cada vez menores —en 2013 ascendía a USD 31 millones, mientras que para el año 2021 descendió hasta USD 12 millones—, lo cual, sin ser la única causa, ha influido negativamente en la consolidación de un Sistema Nacional de Cultura (cuya construcción es mandato de la Constitución del 2008). En este contexto, la maduración de estas instituciones oscila al vaivén de los saldos presupuestarios dentro de una planificación estatal convulsionada, cuyas rentas cada vez son cooptadas de forma más agresiva por compromisos internacionales (deuda externa) y nacionales (atención emergente a la conflictividad política).
Por otra parte, la breve historia del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación (IFCI) ha sido una clara muestra de la imposibilidad de sostener la institucionalidad. Ahora estamos en pleno proceso de selección de su dirección ejecutiva, que será la sexta en dos años de creación: un ritmo de rotación inclusive superior al de ministro de cultura, cuyo promedio actual se ubica en un ministro (a) nuevo (a) cada año tres meses. Es menester recordar, que la misma creación de este instituto no estuvo exenta de desacuerdos, principalmente por lo que supuso borrar de un plumazo al Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA), cuya institucionalidad era la más consolidada en el país. El sector audiovisual aún no digiere la eliminación de del ICCA, y sigue su curso la demanda de inconstitucionalidad presentada en la Corte Constitucional.
En relación a sus acciones, las políticas de fomento se han concentrado básicamente en la repartición de fondos concursables, en el que se ha erigido como el único y favorito mecanismo posible para incentivar la producción artística en sus diferentes eslabones. Tan a la moda está este tipo de instrumento al punto que ahora incluso la Casa de la Cultura, algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados y hasta universidades la privilegian a la hora de asignar recursos en favor de actores culturales. El problema, debo ser claro en este punto, no está en la existencia de esta herramienta per se, sino que radica más bien en constatar la progresiva atomización de los recursos en lo que parece ser una repartición de un presupuesto hacia clientelas o a las apuestas de las preferencias de los dirigentes de turno: “hoy te toca a ti porque pienso que los video juegos son tendencia mundial, mañana será al patrimonio gastronómico porque nuestra diversidad parece ser ventaja comparativa, y después, cuando se pueda, retornaremos a las disciplinas que hemos dejado de lado temporalmente”.
Entonces, en lo que va constituyéndose como una apuesta política monotemática, cabe preguntarse por qué el Instituto no se ha hecho cargo de impulsar y demostrar resultados en la implementación de las pomposas ‘medidas naranjas’ que buscan en las reducciones de aranceles y de impuestos incentivar la transferencia de recursos privados al fomento artístico desde la implementación del ´Plan Ecuador Creativo´ lanzado con bombos y platillos en 2019. O mejor aún, como la economía ortodoxa lo mandata, es necesario y urgente ver el otro lado de la ecuación: la demanda de bienes y servicios culturales. ¿Cuándo nos preocuparemos de los ciudadanos? ¿Es sostenible cualquier política pública o iniciativa privada en favor de la cultura sin pensar en los en los consumidores culturales, sin respetar los mandatos constitucionales de derechos culturales?
Por ello, y para indagar en esta ‘caja negra’, les invitamos a leer a continuación un artículo de investigación generado desde el Observatorio a propósito de la publicación de la 1era Encuesta de Consumos Culturales —anexada a la tradicional Encuesta de Hábitos lectores en el Ecuador— cuyos resultados podrían ser un punto de partida para el diseño y aplicación de políticas culturales de carácter integral, de mayor envergadura y sostenibilidad a mediano y largo plazo.
Pablo Cardoso es el director Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, economista especializado en los ámbitos de economía de los saberes, de la cultura y la creatividad. Docente e investigador de la UArtes. Doctor en Economía por la Université de parís 1 Panthéon-Sorbonne. Sus líneas de investigación son: economía de los conocimientos, saberes, cultura e innovación; políticas públicas y sistemas de gobernanza, y propiedad intelectual, derecho de autor y capitalismo cognitivo
