Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Christian Zurita tras amenaza de muerte
El organismo internacional con sede en Washington solicitó al Estado ecuatoriano que adopte de inmediato las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de Zurita y de su equipo de campaña, así como las garantías para que pueda desarrollar sus actividades periodísticas.
Asimismo, instó a Ecuador a garantizar también su derecho a la libertad de expresión y a desarrollar sus actividades como parte del partido político que integra, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia.
La CIDH también pidió al Estado ecuatoriano que le informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar su repetición.
La institución interamericana tomó esta decisión después de que Zurita denunciase el sábado por la noche, pocas horas antes del inicio de la jornada electoral, una amenaza de muerte que decía "Tiembla Cristian", asociada a una cuenta denominada "Cartel Jalisco N.G.", que presuntamente haría referencia al mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación.
Zurita aseguró que este tipo de amenazas no le frenarán, incluso después de que Villavicencio, su colega de investigaciones periodísticas, fuese acribillado por presuntos sicarios colombianos el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin.
El asesinato de Villavicencio se produjo pocos días después de que el mismo candidato hubiese denunciado públicamente amenazas de muerte presuntamente procedentes de Los Choneros, una de las principales bandas criminales que operan en Ecuador, dedicadas principalmente al narcotráfico, a las que el periodista y exasambleísta había prometido combatir sin miramientos.
Sin embargo, para otorgar estas medidas cautelares, la CIDH también valoró un ataque a la sede del movimiento Construye, por el que postula Zurita, horas después del asesinato de Villavicencio, y "la presencia de criminales en motocicletas frente a uno de los locales de campaña, robos selectivos y misteriosos y mensajes amenazantes".
"Al momento de analizar la solicitud, la Comisión tomó en cuenta los hechos alegados a la luz del contexto que viene monitoreando en Ecuador, observando con preocupación la agudización de tensiones sociales, el deterioro de la seguridad ciudadana con graves hechos de violencia relacionados con el crimen organizado y el sistema carcelario, y el aumento de la violencia política en el país", argumentó la CIDH.
También consideró los diversos factores ligados a las actividades periodísticas y denuncias realizadas en los temas de corrupción y crimen organizado en el país por parte de Zurita, "lo que lo posicionaría en un nivel de riesgo similar al del señor Villavicencio".
Otros puntos valorados por la CIDH fueron la aparente persistencia de las amenazas tras el asesinato de Villavicencio, los cuestionamientos a los esquemas de seguridad, el estado de las investigaciones, y el efecto amedrentador que podría tener en personas periodistas que investigan temas de interés público.
En la jornada de votación, el periodista acudió a su local de votación fuertemente protegido, con casco, chaleco antibalas y rodeado de policías de élite y guardaespaldas que mantenían desplegado delante de él un escudo antibalas. Al 79,32% de los votos escrutados, se mantenía tercer lugar, con un porcentaje aproximado de 16%, por debajo de Luisa González y Daniel Noboa.
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El ganador de la elección presidencial completará el periodo 2021-2025, interrumpido por Lasso en mayo pasado al invocar el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada", con el que disolvió la Asamblea, de mayoría opositora, cuando se disponía a votar su destitución como último paso de un juicio político donde se le había acusado de presunto peculado (malversación).
Ecuador celebra estas elecciones en medio de la peor crisis de seguridad de su historia, con una ola de violencia atribuida por las autoridades al crimen organizado y al narcotráfico, que lo ha llevado a pasar en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro.
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