Acoso y violencia sexual en la universidad: Víctimas y cifras de una triste realidad
Desde chistes sexistas hasta violaciones. El secreto a voces de la violencia de género en las universidades al fin tiene cifras. Según un reciente estudio, el 11 por ciento de universitarias en el país ha sido víctima de agresión sexual, y una de cada tres estudiantes sufre algún tipo de violencia. Los reglamentos que sancionan estas reprochables conductas sirven de poco porque, según casos reportados, las denuncias quedan en el papel.
Catalina, nombre protegido, estudia Derecho en una universidad de Quito. En abril de 2021, cursaba su quinto semestre cuando fue agredida sexualmente por un compañero dentro del recinto universitario. Calló por vergüenza, miedo e impotencia; no quería que nadie se entere.
Días después contó lo sucedido a una amiga, quien a su vez lo transmitió a un grupo de compañeras que la motivaron a hacer la denuncia ante las autoridades. Catalina solo quería que su agresor sea separado del mismo curso al que ella asistía.
El caso llegó al Comité de Ética de la universidad, pues desde 2018 todos los centros de educación superior están obligados a tener un reglamento para atender, canalizar y sancionar la violencia de género.
Lo que nunca imaginó la joven es que su familia se enteraría de la peor manera. La universidad había alertado el caso a la justicia ordinaria, por tratarse de un delito. Un perito llamó a la casa de Catalina, donde contestó su mamá y le informaron que su hija debía acercarse a la Fiscalía a realizarse un peritaje psicológico. En ese momento, a la chica se le cayó el mundo, sintió que nadie la entendería.
Desistió de todo. Incluso, el grupo que la respaldaba tuvo que acompañarla a hablar con los abogados de su agresor, pues él podría contrademandarla al desistir Catalina de la denuncia inicial, que no la hizo ella sino la universidad.
La joven sigue estudiando, quizás con más miedo, impotencia y vergüenza; su vida académica y social quedó afectada, pero quiere terminar su carrera. Como este, hay cientos y quizás miles de casos en Ecuador, con una población universitaria que bordea los 600 mil matriculados, de los cuales poco más de la mitad son mujeres.
Según un reciente estudio de Previ- Mujer/GIZ, el 11 por ciento de mujeres universitarias ha sufrido violencia sexual. Eso significa que un hombre, compañero, profesor o personal administrativo la ha manoseado, besado y, en el caso más extremo, violado, contra su voluntad o por medio de amenazas y chantajes. Hay casos en que las chicas son alcoholizadas o drogadas. Esto es un secreto a voces en los pasillos de las universidades. Catalina está dentro de esta estadística.
Si ese 11 por ciento lo trasladamos a números concretos, quiere decir más de 30 mil universitarias son víctimas de violencia sexual, dentro de los centros de educación superior que tiene el país, espacios que deberían formar; no deformar. ¿Pero dónde están todas esas denuncias y por qué no paran estos reprochables comportamientos?
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
En números generales, el estudio determina que una de cada tres universitarias ha sufrido acoso y violencia (psicológica, física, económica y sexual), mientras por otro lado, en la misma encuesta, uno de cada tres estudiantes o profesores reconoció haber ejercido estas violencias.
El problema es que, aunque gran parte de la población universitaria rechaza la violencia de género, seis de cada 10 hombres y mujeres no actuaron o intervinieron ante situaciones de violencia, porque lo consideran un “problema de pareja”. Es decir, la normalizan o aceptan. Lo que no se dan cuenta es que una “simple discusión” puede terminar en femicidio.
Aunque la Escuela Superior de Policía, donde fue asesinada la abogada María Belén Bernal por su esposo, no cuenta como centro universitario, bien refleja el problema de no intervenir a tiempo. Por eso se recomienda tener programas y campañas de sensibilización en contra de la violencia de género, que son parte de las propuestas del estudio de PreviMujer.
Y es que no bastan las buenas intenciones que tienen los protocolos de las universidades. Algunos siguen pensando que es un problema de pareja o que las mujeres exageran, dice Michelle Aucancela, abogada y fundadora de Sororas Violetas, una organización que se dedica a brindar contención emocional y asesoría legal para estos casos. Michelle cuenta que iniciaron en 2020 como un grupo de amigas, cuando eran estudiantes de Derecho, y que ahora reciben casos de todas las universidades.
“Muchas chicas nos escriben de forma anónima, estamos en redes sociales, luego se identifican. Nos envían fotos, capturas de pantalla de sus chats que demuestran que son agredidas. Algunas solo quieren desahogarse y saber cómo superarlo, porque deben continuar su carrera. Muy pocas quieren denunciar, porque no confían en que se haga justicia”, explica Aucancela.
Sin embargo, relata que llevan un caso de una violación que recién se encuentra en etapa de investigación previa en Fiscalía. Una estudiante habría sido violada por su compañero, mientras los dos hacían prácticas en un estudio jurídico. Cuando conocieron el caso, encontraron que otras tres chicas también habían sido víctimas de esta persona; el modus operandi: drogarlas.
Gabriela Cornejo, directora de Bienestar Estudiantil de la Pontificia Universidad de Quito (PUCE) coincide en que hay muy pocas chicas que se atreven a denunciar. La PUCE fue parte de las 16 universidades que participaron del estudio de PreviMujer, pues no todas aceptaron. De todos modos, lo datos del estudio se pueden generalizar. Cornejo dice que es muy importante tener los datos cuantificables y medibles para poder implementar iniciativas contra la violencia de género.
En esta universidad, por ejemplo, en 2018 hubo 10 casos de violencia que se activaron con el protocolo tras la denuncia. “Y en lo que va de 2022, ya tenemos 22 casos. Desde violencia verbal hasta violaciones”, informa.
Cornejo, quien por obvias razones no puede dar detalles de los casos. El reto, dice, es que las chicas sepan que hay un protocolo y puedan confiar en él, pues hacen constantes campañas.
ENTRE DENUNCIAS Y FORMALIDADES
Los más difícil de la violencia de género, dicen las personas consultadas para este reportaje, es que está normalizada y es difícil romper cuando viene de los mismos profesores. Todos quienes hayan pasado por la universidad conocen al menos un profesor que se jacta y es conocido por sus chistes machistas.
En la Universidad Central del Ecuador (UCE), 77 estudiantes de primer año de Jurisprudencia denunciaron a uno de sus profesores ante las autoridades en junio pasado. Se quejaron porque dicho docente preguntaba, sobre todo a las mujeres, si eran vírgenes o no, o cuáles eran sus posiciones sexuales, o decía que las mamás de las estudiantes eran sus suegras; no perdía oportunidad para abrazarlas o intentar besarlas.
No eran estudiantes con quienes el docente tenía confianza o camaradería de años como para justificar su comportamiento. Era primer semestre y, según los denunciantes, hacía esto desde hace años. Sin embargo, las autoridades desestimaron el caso.
Según Galicia Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos Disciplinarios de la UCE, la denuncia se desestimó, principalmente, porque los estudiantes denunciantes habían puesto solo un nombre y un apellido, y el requerimiento legal exige nombres completos, además números de cédula, teléfono y dirección.
Según Rodríguez, se cumplió con el protocolo de asignar otro profesor para estos estudiantes y dice que en cualquier momento pueden volver a presentar las denuncias con todas las formalidades.
Afirma que desde 2018, se han desvinculado a nueve docentes y ocho estudiantes de la universidad por este tipo de casos, que van desde agresiones verbales hasta sexuales; procesos que, asegura, cumplieron las formalidades. La UCE dice que trabaja en programas y campañas contra la violencia de género, que tienen su protocolo desde 2017, antes de que sea obligatorio.
“¿Cómo le pides eso a los estudiantes que apenas se atreven a denunciar, que se sienten vulnerados, intimidados, que tienen miedo de que el profesor tome represalias?”, cuestiona Ljubica Fuentes, fundadora de la Coalición Feminista Universitaria. Esta organización brinda apoyo emocional y legal para víctimas de violencia, de la UCE y otras universidades. “Por eso los y las estudiantes no denuncian, porque no les creen o archivan los casos por formalidades. ¿Cómo confiar? Entregamos audios y otras pruebas”.
Rodríguez dice que la universidad debe seguir el debido proceso, aunque reconoce que el reglamento puede ser mejorado. ¿Llamaron al docente en cuestión para saber su punto de vista? No. El reglamento impide llamar o consultar a las partes sobre la denuncia mientras el trámite no esté formalmente admitido. Es decir, el caso quedó en nada.
EL COSTO DE LA VIOLENCIA
Todos estos esfuerzos de denunciar o sufrir en silencio la violencia, restan tiempo en la formación profesional. El informe de PreviMujer, que fue realizado en conjunto con la Universidad San Martín de Porres de Perú (USMP), que ya tiene experiencia en estudios similares en otros países de la región, dice que una universitaria abusada pierde hasta 29 días al año de clases.
Falta a la universidad o va, pero no ingresa; o ingresa, pero no puede concentrarse. Solo consideremos los días que pasó Catalina pensado cómo contarle a su mejor amiga que la violaron, luego pensando cómo denunciar, después atormentada de la manera manera en que se enteró su madre. Miles lo sufren en silencio.
“Hay que entender que la violencia contra la mujer es una pandemia y las mujeres no están a salvo en la universidad. Necesitamos que las universidades tengan modelos preventivos y para eso es este estudio”, dice Christin Schulze, vocera de PreviMujer. El informe también contiene datos sobre la población LGBTIQ+ y refleja que casi la mitad ha sufrido agresiones por algún integrante de la comunidad universitaria.
Añade que este problema le pasa una factura de 68 millones de dólares al sistema universitario, un tres por ciento de presupuesto anual. Esto se estima sumando los costos en atención de las universidades, días de productividad perdidos, gastos que realizan víctimas y victimarios, entre otros rubros. “Este dato debería motivar para que las universidades inviertan en planes de prevención. Estamos aquí para darles apoyo”, afirma Christin Schulze y comenta que ya están trabajando con 16 instituciones.
Otro costo del que todavía no se tiene cifras es de la deserción por violencia de género. ¿Cuántas mujeres abandonan su carrera luego de haber sido agredidas o abusadas? Ljubica Fuentes, de la Coalición Feminista Universitaria, dice que han tratado casos de mujeres que dejaron su carrera hace uno o dos años y se acercan para pedir apoyo y asesoría. “Nos dicen: quiero saber cómo puedo actuar o enfrentarlo para que no me vuelva a suceder y terminar la carrera. Hay que hablar de esto, no ocultarlo”.
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