Un juez rechazó este jueves declarar que los tripulantes del pesquero Conquista II, una de las ocho embarcaciones interceptadas y bombardeadas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico desde finales de agosto, fueron víctimas de desaparición forzada tras ser detenidos.
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El magistrado negó el hábeas corpus instructivo presentado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil a favor de los pescadores, que buscaba que se declarase que fueron víctimas de desaparición forzada, se esclareciera qué ocurrió con ellos tras la interceptación y se ordenara a las autoridades entregar la información disponible e investigar los hechos.
Fernando Bastias, abogado de CDH de Guayaquil, declaró a EFE que el magistrado no explicó durante la audiencia por qué rechazó la acción y anunció que expondría sus motivos en la sentencia escrita.
No obstante, Bastias sostuvo que no consta ningún documento que esclarezca qué ocurrió con los pescadores del barco atacado desde el 2 septiembre, cuando ocurrió el suceso, hasta el 3 de septiembre a las 18:00 (23:00 GMT), hora en la que se tuvo información de ellos.
17 pescadores volvieron y se encuentran en libertad
El Conquista II fue la segunda embarcación ecuatoriana interceptada y hundida en la campaña emprendida por Estados Unidos en coordinación con el gobierno ecuatoriano contra barcos que considera vinculados al narcotráfico.
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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió durante su visita a Quito el pasado 9 de septiembre que no tenían intención de matar pescadores sino combatir la actividad del crimen organizado.
Los 17 tripulantes del Conquista II fueron entregados posteriormente a las autoridades ecuatorianas y se encuentran en libertad, la mayoría de ellos sin cargos, pero CDH aseguró que no hubo información inmediata, satisfactoria y verificable sobre su paradero después de que el barco fuese atacado, lo que, según la organización, constituye una desaparición forzada.
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EE.UU. sostiene que embarcaciones como Conquista II servían como estaciones de reabastecimiento de combustible para lanchas que traficaban drogas vinculadas a la banda criminal Los Choneros.