La Fiscalía General del Estado procesa a diez personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión, tras un operativo ejecutado el 21 de agosto en el norte de Quito.
Los procesados serán sometidos a procedimiento directo. La audiencia de juicio está prevista para el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30, mientras que el plazo de investigación fiscal fue establecido en 20 días.
#BoletínFGE | #Pichincha: #FiscalíaEc procesa a 10 personas por presunta #AsociaciónIlícita con fines de #Intimidación y #Extorsión. El Juez convocó a la audiencia de juicio directo para el 14 de septiembre, a las 13:30.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 23, 2026
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¿Cómo habría operado el esquema de cobranza?
Según la investigación expuesta durante la audiencia, los procesados habrían cumplido diferentes funciones dentro de una estructura dedicada a la cobranza de préstamos. Entre ellas estarían tareas de liderazgo, auditoría, contabilidad y operación telefónica.
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La Fiscalía señaló que 26 empleados de un centro de llamadas identificaron a los ahora procesados como quienes presuntamente dirigían las actividades de cobro mediante actos de intimidación.
De acuerdo con la entidad, un ciudadano de nacionalidad china, identificado como Yang X., habría sido quien presuntamente dirigía la estructura investigada. Según la hipótesis fiscal, esta persona habría asignado diferentes funciones dentro del grupo.
Los operadores, según los testimonios recogidos por Fiscalía, recibían bases de datos y debían efectuar alrededor de 120 llamadas diarias. Cuando no cumplían con las metas establecidas, supuestamente recibían sanciones económicas que afectaban sus salarios.
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La empresa intervenida, Latameris Support SAS, habría ofrecido préstamos a usuarios de México, Colombia, Perú y Chile mediante aplicaciones digitales. Para solicitar los créditos, los usuarios debían proporcionar una fotografía del rostro y datos personales.
Cuando se producían retrasos en los pagos, las llamadas de cobranza presuntamente se intensificaban. De acuerdo con la Fiscalía, algunos usuarios habrían sido amenazados con la difusión de sus fotografías en redes sociales, incluso mediante imágenes manipuladas con herramientas de inteligencia artificial.
Información adicional sobre las aplicaciones y los datos de los usuarios
Según recoge Primicias, las versiones entregadas por trabajadores a ese medio señalan que en el esquema se habrían utilizado varias aplicaciones de préstamos digitales ágiles. Entre ellas constan:
Durante el registro algunas de estas aplicaciones solicitaban, además de una fotografía del usuario, información relacionada con sus redes sociales y permisos que podían permitir el acceso a la agenda de contactos del teléfono.
La información obtenida habría sido utilizada posteriormente para las acciones de cobranza, como contactar a personas de la agenda de los deudores cuando estos no cumplían con los pagos.
Operativo dejó computadoras y celulares como evidencia
Los diez procesados fueron detenidos durante el operativo realizado en el inmueble donde funcionaba Latameris Support SAS.
Como parte del procedimiento, las autoridades incautaron 172 computadoras y 66 teléfonos celulares, elementos que fueron registrados como evidencia dentro de la investigación.
La Fiscalía también presentó declaraciones de los agentes que participaron en las detenciones, un informe pericial de la inspección técnica realizada en el lugar y documentos encontrados en la oficina de Yang X. E. Entre estos últimos habría capturas de pantalla de conversaciones relacionadas con presuntas acciones extorsivas.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El juez de Garantías Penales dispuso la prisión preventiva de los diez procesados, luego de que la Fiscalía solicitara esta medida durante la audiencia de formulación de cargos.
El caso será tramitado mediante procedimiento directo, por lo que la audiencia de juicio se realizará el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30.
El delito de asociación ilícita está contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los delitos de intimidación y extorsión están previstos en los artículos 154 y 185, respectivamente.