La denuncia del direccionamiento de cadáveres desde la morgue del Centro de Ciencias Forenses de Santa Elena a una funeraria privada ubicada a pocas cuadras del lugar, desencadenó este miércoles 29 de julio un operativo de allanamiento de la Fiscalía Provincial y la Policía Judicial.
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La denuncia fue presentada por los propietarios de varias funerarias de la provincia, tras notar que, desde hace dos meses, los familiares de personas fallecidas dejaron de contratar sus servicios de forma repentina.
Investigación por presunto cohecho
El agente fiscal que lleva el caso, Víctor Tomalá Perero, confirmó que las investigaciones preliminares apuntan a un perito forense y a un ayudante, quienes serías los encargados de contactarse con los familiares de los fallecidos y el traslado de los cuerpos.
A través del allanamiento, se busca obtener información e indicios referentes a una denuncia sobre una presunta figura de cohecho, un delito que sanciona a los servidores públicos que exigen o reciben beneficios indebidos en el ejercicio de sus funciones.
Durante las intervenciones de este miércoles, los equipos de investigación incautaron celulares de los funcionarios denunciados y de otros trabajadores, discos duros extraídos del sistema informático de la morgue y bitácoras de ingreso y salida de cadáveres. Las pruebas serán sometidas a cadena de custodia y posteriores pericias.
El fiscal aclaró que las pesquisas no cuestionan el trabajo técnico-médico que se realiza durante las necropsias, sino la entrega posterior de los restos.
Esta investigación inició formalmente el pasado 7 de julio y acumula casi un mes de seguimiento.
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