El ministro del Interior, John Reimberg, informó este miércoles que la Fiscalía General del Estado allanó el despacho de la fiscal Norma Rodríguez, como parte de las diligencias derivadas de una denuncia presentada por el propio funcionario por la decisión judicial que dejó en libertad a Marcos Duarte Arévalo, conocido con el alias de "Matón de Daule".
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"La denuncia que presenté ayer contra la fiscal Norma Cecilia Rodríguez Arboleda, quien en lugar de solicitar prisión preventiva pidió medidas sustitutivas para Marcos Armando Duarte Arévalo, un Objetivo de Alto Valor con un amplio historial delictivo capturado por las Fuerzas Armadas el pasado 18 de julio, ya tiene sus primeros resultados", escribió el ministro en sus redes sociales.
El titular del Interior precisó que la intervención tuvo como objetivo preservar evidencia digital y añadió que el allanamiento representa un primer avance en la investigación.
Fiscalía pidió medidas sustitutivas tras la captura
Duarte Arévalo, señalado por las autoridades como un objetivo criminal de alta prioridad y presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Chone Killers, fue capturado el 18 de julio durante un operativo ejecutado en el norte de Guayaquil por el Bloque de Seguridad.
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Tras la detención, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, presentó el procedimiento como un golpe a la delincuencia organizada y afirmó que "los que viven del crimen tienen dos caminos: la cárcel o el infierno".
Durante el operativo, llevado a cabo en el sector de La Alborada, la Policía reportó el hallazgo de 43 gramos de cocaína, distribuidos en cuatro fundas pequeñas encontradas en uno de los bolsillos del detenido. Además, dentro del vehículo en el que se movilizaba se encontró un revólver calibre .38, cargado con dos cartuchos.
Al día siguiente, durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal procesó a alias "Matón de Daule" por los presuntos delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y tenencia ilegal de armas.
No obstante, la defensa presentó documentación para acreditar arraigo, entre ella certificados laborales, el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y planillas de servicios básicos.
Con base en esos elementos, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, petición que fue aceptada por el juez de la causa.
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Como resultado, el procesado quedó en libertad con la obligación de presentarse ante la Fiscalía los lunes y viernes, la prohibición de salir del país y una investigación de 30 días.
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