Dos agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito fueron procesados por el presunto delito de concusión, luego de que la Fiscalía General del Estado los señalara de haber exigido dinero a un ciudadano a cambio de no disponer la retención de su vehículo por una supuesta infracción de tránsito.
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Los funcionarios, identificados como Verónica Priscila C. Q. y Mauricio Alejandro G. F., deberán permanecer detenidos provisionalmente por disposición de una jueza de Garantías Penales.
La medida cautelar fue dictada este miércoles durante la audiencia de calificación de flagrancia, tras un pedido de la fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos Flagrantes.
La detención de ambos procesados ocurrió la tarde del lunes 13 de julio, en el sector de las avenidas Naciones Unidas y Shyris, en el norte de Quito.
Agentes fueron grabados durante la conversación
De acuerdo con la denuncia presentada por la hermana del afectado, los dos agentes habrían solicitado inicialmente USD 3.000 a cambio de no trasladar el vehículo de su familiar a un patio de retención por una presunta infracción de tránsito.
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Según la investigación, Verónica Priscila C. Q. se habría identificado como abogada de la Agencia Metropolitana de Tránsito y manifestó que su compañero, Mauricio Alejandro G. F., presentaba una herida en la boca, presuntamente ocasionada por un golpe que le habría propinado el hermano de la denunciante.
Según la versión expuesta por la Fiscalía, la procesada habría planteado un acuerdo económico argumentando que la lesión requería una sutura y que esa situación podría afectar la continuidad laboral de su compañero. Además, habría señalado que el monto solicitado guardaba relación con el salario que percibe como agente de la AMT.
La funcionaria también habría advertido que Mauricio Alejandro G. F. tenía previsto presentar una denuncia por agresión contra el ciudadano, sugiriendo que era preferible llegar a un acuerdo económico para evitar ese escenario.
La familia respondió que no disponía de los USD 3.000 solicitados y ofreció entregar USD 1.000.
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De acuerdo con la Fiscalía, Mauricio Alejandro G. F. aceptó esa propuesta y facilitó el número de una cuenta bancaria perteneciente a un tercero para que se realizara la transferencia.
Sin conocimiento de los ahora procesados, la hermana del afectado grabó con su teléfono celular toda la conversación en la que presuntamente se negoció el pago.
La Fiscalía incorporó como elementos de convicción tanto esa grabación como el comprobante de la transferencia bancaria realizada, evidencias que fueron presentadas durante la audiencia de flagrancia.
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