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Estado de sitio en Esmeraldas

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Estado de sitio en Esmeraldas

Redacción Quito con Luis Freire, desde Esmeraldas Lunes, 09 de Abril de 2018 - 23:59

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Si en lugar de perseguir a políticos de oposición, la Secretaría de Inteligencia mapeaba riesgos, habría detectado que el foco de amenaza se desplazaba desde Putumayo hasta Nariño y el Pacífico. El resultado: la violencia en la frontera en Esmeraldas.
 
“No queremos más hermanos heridos, mutilados o muertos por atentados de grupos disidentes o ligados al narcotráfico”. Esa fue la consigna con la cual se movilizó la población esmeraldeña el pasado 23 de marzo, para reclamar una solución a la violencia que enfrenta esta zona por los atentados de grupos armados.
 
“Estamos contigo Cavi”, gritaban los amigos y familiares del cabo primero de la Infantería de Marina, Wilmer Álvarez, sobreviviente de un atentado con aparato explosivo en Mataje, cantón San Lorenzo. En el hecho ocurrido el mes pasado murieron tres uniformados que patrullaban la zona. Otros siete resultaron gravemente heridos, entre ellos “Cavi”, quien se recupera en el hospital Eugenio Espejo de Quito, tras perder su ojo derecho y sus dos piernas.
 
Nada volverá a ser lo mismo para “Cavi”, ni para esta población fronteriza que aprendió a convivir con los problemas de la guerrilla y el narcotráfico, pero ahora mira con angustia la escalada de violencia. “Hasta hace pocos años en San Lorenzo había sicariato y extorsión, pero nunca la detonación de bombas”, relata Martín Caicedo, un pescador que asegura que todo es tranquilo mientras “uno no se dedique a actividades fuera de la ley”. 
 
Desde el atentado con coche bomba en el cuartel de Policía de San Lorenzo, del pasado 27 de enero, se registran al menos siete enfrentamientos entre uniformados y grupos armados, a los que las autoridades identifican como disidentes de la guerrilla de las FARC.
 
 
En 2016 el gobierno colombiano y este grupo guerrillero firmaron un acuerdo de paz y desmovilización, pero al menos un 10 por ciento de los subversivos constituyó nuevas bandas criminales que operan en ilícitos como narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, tráfico de armas y contra bando. Y una frontera con escaso control y presencia estatal es lugar propicio para el desarrollo de estas actividades.
 
Hace más de dos meses rige el estado de excepción en la zona. Sin embargo, las medidas se extremaron luego del secuestro de un equipo periodístico de diario El Comercio, que cumplía labores informativas el 26 de marzo. Hasta el cierre de esta edición, el ministro del Interior, César Navas, solo pudo confirmar la integridad de los periodistas, según una comunicación que habría recibido de los secuestradores, presumiblemente desde Colombia.
 
Las pistas de todos estos actos, según las autoridades apuntan hacia alias “Guacho”, un exguerrillero de as FARC al mando del grupo disidente Oliver Sinisterra, que opera desde Tumaco (Colombia). Según los reportes de Inteligencia, “Guacho” sería un operador de los carteles mexicanos para transportar la droga desde Tumaco, a EE.UU., a través de la Costa ecuatoriana.
 
Mientras en Ecuador, la Secretaría de Inteligencia (Senain) se dedicaba a espiar a políticos de oposición, activistas sociales y periodistas, los focos de amenaza en la frontera se desplazaban desde Putumayo hacia Nariño y el Pacífico. Este fenómeno fue alertado en talleres estratégicos hace dos años y medio, revela el académico y experto en temas de seguridad Fredy Rivera Vélez. En las reuniones quedó en relieve que los recursos para la Senain fluían en abundancia, pero inteligencia militar recibía fondos a cuentagotas.
 
Preludio de un narco-Estado
 
Después del bombardeo de Angostura, en marzo de 2008, se rompieron relaciones con Colombia, por casi dos años. Pero la frontera seguía en incesante actividad. Salió el Centro Operativo de Avanzada, FOL, conocido como Base de Manta. Para suplir el déficit de tecnología, la Armada adquirió naves no tripuladas AUV, que funcionaron por un tiempo, hasta que hubo problemas con el software, de origen israelí.
 
“En circuitos diplomáticos el país empezó a votar pro Palestina, Siria, Bielorrusia, y Tel Aviv nos dijo adiós, así nos quedamos sin esa tecnología”, explica Fredy Rivera, quien fue asesor del gabinete ministerial de Defensa. “Hubo falta de visión estratégica, pérdida de tecnología, falta de presupuesto, y llegamos al estado de indefensión aérea, eso explica el aterrizaje de avionetas de Sinaloa y otros carteles, a partir de 2010 y 2011, en pistas de Manabí”. Sin embargo, el académico asegura que “Se sobredimensiona el papel del FOL de Manta porque EE.UU. no compartía toda la información estratégica”.
 
¿El preludio de un narco-Estado? “No sucederá eso en Ecuador”, asegura Fernando Carrión, investigador del Programa de Estudios Políticos de la Flacso. “No nos parecemos a nuestro país vecino porque Colombia es un país productor de cocaína, y Ecuador es un país de tránsito de la droga. Y no nos parecemos a México, que es un país fronterizo con Estados Unidos, a donde va a parar la droga”.
 
Entre 2015 y 2017, Carrión trabajó en el Proyecto Fronteras en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Desde ese entonces ya pronosticaron lo que podría suceder. Ecuador ahora consume el 18 por ciento de las más de 200 toneladas que pasan por el país. Esto genera un mercado ilegal del que viven varios grupos, relacionados al tráfico, distribución y venta, y al lavado de dinero. Según Aland Molestina, excomandante de Marina de Esmeraldas, esto no es nuevo en la provincia fronteriza. Relata que en 2001 fue asesinado el teniente político de Mataje, Milton Guerrero, y sus familiares, presuntamente por narcotraficantes.
 
Varios operativos en la zona demuestran la presencia que ha ganado esta actividad en los últimos años. En 2008, el operativo “Tormenta del Pacífico” halló un sumergible en construcción y un laboratorio de procesamiento a un kilómetro de la finca de los hermanos Ostaiza, relacionados al anterior gobierno. Dos años más tarde, el operativo “Tormenta del Manglar” descubrió otra nave de 25 metros de largo. En 2012, las autoridades desmantelaron siete laboratorios de droga. Y en 2017 otro laboratorio de refinación de cocaína fue destruido en el sector Campanita, en el operativo “Fortaleza 72”.
 
Son algunos de los casos que ilustran la situación que atraviesa San Lorenzo, uno de los cantones más pobres del país, con una tasa de analfabetismo del 17 por ciento. Sus 42 mil habitantes tendrán que acostumbrarse al nuevo estado de sitio. Algunas familias de Mataje, lugar donde murieron los tres uniformados, abandonaron sus casas y se refugian en San Lorenzo, a la espera de que vuelva la tranquilidad. Otros se van porque la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, en una visita a San Lorenzo ofreció casas para quienes estén en zonas de peligro. “Lo único que sabemos es que esto no volverá a ser lo mismo y por eso nos vamos”, dice Violeta Méndez, quien abandona Mataje luego de haber nacido ahí hace 28 años. 
 
Nuevo equilibrio en la frontera 
 
“Esto es un cilindro explosivo con heces fecales y metralla. Ponen clavos, monedas, rulimanes, y al estallar es infecciosa. Es construida por guerrilleros y tiene un alcance eficaz de hasta 200 a 300 metros. Mutila y mata, causando un gran número de bajas”, explicó a Vistazo un experto de la Policía. Asíde destructivo es el arsenal de los irregulares. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, aseguró que la reacción es porque desde el inicio de este gobierno se intensificaron los operativos de captura de cargamentos de droga y detenciones de personas relacionadas a actividades ilícitas.
 
 
Sin embargo, Daniel Pontón, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) cree que la situación no es coyuntural. “En la frontera se están disputando el territorio las organizaciones mafiosas. Deben llegar a un nuevo acuerdo, una vez que las FARC, que controlaban la producción de droga, salieron del mapa”. En este escenario el Estado ecuatoriano también debería diseñar una nueva arquitectura de defensa y políticas públicas para afrontar la situación.
 
“Los actores del conflicto y del Estado van cambiando de nuevo y se van organizando de otra manera”, dice Pontón. “Si capturan a alias ‘Guacho’, otro tomará su lugar”. El problema es que Ecuador no estaba preparado para afrontar este escenario. Desde 2015, año en el que este experto trabajó en un proyecto conjunto entre el IAEN y la Senplades, ya identificaron lo que podía pasar y tenían el mapa de las bandas criminales que operaban en lado ecuatoriano, pero recién ahora que hay estallido de violencia se intenta reforzar la frontera con más militares y armamento.
 
De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, la mayoría de esos grupos criminales se ubicaba en la zona del Putumayo, donde eran más frecuentes los estallidos de violencia. Pero, según Pontón éstas se desplazaron a la frontera esmeraldeña ya que, desde 2013 empezó a cultivarse más coca en Tumaco. Esto atrae a los narcotraficantes a esta zona. El problema es que alrededor se desarrollan otras actividades ilícitas como minería ilegal o trata de personas que vuelven a la frontera más conflictiva.
 
“Ahora el Estado se enfrenta no a bandas criminales, sino a una “red global del crimen”, que son una suma de organizaciones narcodelictivas con operadores como ‘Guacho’ en cada país”, refiere Fernando Carrión. Todo lo que sucede ahora parece haber sido predecible. Quién les explica a las familias de las víctimas, y aún a los secuestrados, que esta espiral de violencia pudo ser evitada. 

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