Quizá el mayor pecado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue reelegir a Carlos Pólit para que ocupara el cargo de contralor hasta 2022. Las revelaciones del caso Odebrecht mostraron que Pólit no era el hombre cien sobre cien a quien halagó el correísmo. ¿Qué salió mal?
Raquel González, presidenta del CPCCS, dice: “El doctor Pólit reunía los conocimientos y la experiencia en las materias específicas y tenía los grados académicos necesarios. Además, rindió un examen de conocimientos que así lo demostró”.
La entidad ha realizado otros 25 procesos de méritos y oposición para designar autoridades de control tales como Fiscal, Contralor, integrantes del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, superintendentes, entre otros. Los procesos son vigilados por distintas veedurías conformadas por ciudadanos interesados en la materia.
La Constitución de 2008 quitó esta atribución al Congreso. En su reemplazo creó el CPCCS y le encargó esta función, además de fomentar la participación ciudadana y combatir la corrupción.
Para ello esta institución cuenta con 430 empleados y un presupuesto anual de 12 millones de dólares. ¿Qué hace toda esta gente con tantos recursos si la designación de autoridades está en entredicho y ahora se conoce de la red de corrupción, gracias a información que vino de Brasil y Estados Unidos?
El Consejo de Participación dice que no puede investigar casos de corrupción sin que previamente la ciudadanía llegue con una denuncia hasta sus oficinas. Al cierre de 2016 recibido 398 denuncias, de las cuales 151 ya tienen “informe de cierre”; el resto sigue en trámite.
¿Dónde están estos casos? En junio pasado, coincidiendo con las fechas en las que el excontralor Pólit fue vinculado al caso Odebrecht, el CPCCS informó que entregó a la Fiscalía y Contraloría, un informe en el cual se determina que la Corporación Financiera Nacional adquirió un edificio con un sobrecosto de 3,8 millones de dólares. Nadie ha vuelto a mencionar el caso.
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