Delegados de 43 países asistían a la Conferencia de Parlamentarios contra la Droga, organizada por el parlamento ruso (Duma) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Era el 4 de diciembre de 2017. Ecuador estaba representado en ese encuentro en Moscú por el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado. La prensa local recogió el discurso de Serrano: se centraba en los avances del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico.
Ese preciso día en Londres, Julian Assange y su abogado, el jurista español Baltazar Garzón, revisaban minuciosamente un documento antes de firmarlo.
Se trataba de la “Declaración de Libre Consentimiento de Finalización del Asilo Político”. Esa declaración define a Assange como un ciudadano “de nacionalidad australiana por nacimiento y nacionalidad ecuatoriana por naturalización”.
En ese documento oficial, Assange agradecía al Gobierno y al pueblo ecuatoriano por haberle concedido la nacionalidad y pedía continuar bajo la protección del Estado ecuatoriano, “Al habérseme concedido el estatus de agente diplomático, con las consiguientes inmunidades, inviolabilidades y resto de prerrogativas que corresponden a toda persona internacionalmente protegida”.
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