De los curas pederastas líbranos, Señor
Diana Romero jueves, 14 junio 2018 - 06:54
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Se llamaba Juan. Cargaba una cruz, demasiado pesada. Se quitó la vida a los 27 años. En su infancia habría sido abusado por el sacerdote César C. No sería la única víctima.
“Amanecíamos con el padre. Luego, nos aseaba, nos vestía e íbamos directo a clases. Los profesores nos veían bajar de las habitaciones a las aulas; ellos fueron cómplices”. Jorge Palacios cumplió 63, pero recuerda el horror que empezó cuando apenas tenía siete años. Su denuncia no fue judicializada en 2010, cuando se decidió a hablar: el caso para la justicia había prescrito.
Superar el trauma no fue fácil, explica Jorge. Viajó a Quito, estudió Arquitectura; formó una familia. Pero su hermano menor, Juan, no pudo recuperarse de las heridas del alma.
“Una vez fui al colegio a ver a mi hermano jugar básquet. Recuerdo cómo el padre lo abrazaba, luego de cada anotación. Me indignaba pensar que a él también le había ocurrido”.
Los hechos dolorosos ocurrieron hace más de 50 años. Recién hace ocho Jorge estuvo listo para revivir sus recuerdos, tras un proceso en el cual tuvo el apoyo incondicional de su familia. Su hija, Tatiana, es un puntal en esta cruzada por la verdad.
Cuando Palacios rindió su versión ante la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, le dijeron que “Conocían esos antecedentes del cura, pero ya estaba retirado y no representaba ningún peligro. La justicia divina se encargaría de juzgarlo”.
Sin embargo, en abril de este año hizo pública su experiencia para evitar que el sacerdote recibiera un homenaje en Cuenca, donde habrían ocurrido los abusos. Tras presentar su denuncia ante la prensa, aparecieron otras cuatro víctimas, dispuestas a declarar contra el sacerdote, ahora nonagenario.
En mayo, en Guayaquil, otro cura fue acusado de practicar la “dinámica del pecado”, con adolescentes del Movimiento Vida Cristiana. Según describen las víctimas, eran desnudados y atados por el cura, quien los tocaba y torturaba para “probar su voluntad”.
En su computadora había más de cien carpetas, cada una correspondía a una posible víctima. Juan José Bayas fue el primero en denunciar los abusos, en 2013. “La única forma de obtener justicia es hacer pública la información, que otras víctimas se sumen para exigir justicia”, explicó a esta redacción.
En la esfera de la justicia hay sentencias. El sacerdote Germán V. fue condenado a 13 años de prisión por haber abusado de un menor de cinco años, en Cuenca: los hechos ocurrieron en 2015. El cura Pedro V. G. fue sentenciado a una condena de 20 años y a pagar una indemnización de cinco mil dólares por abusar de una menor de 11 años.
Una ecuatoriana en la lucha
Sara Oviedo Fierro, socióloga riobambeña, fue elegida vicepresidenta del Comité de la Convención de los Derechos del Niño en Naciones Unidas, entre 2013 y 2017. Fue coautora de un cuestionador informe, en el que la ONU pide a la Iglesia que entregue a los curas pederastas a la justicia común, proteja a los niños de los abusos, y desclasifique la información sobre el total de víctimas y agresores.
“El tema fundamental fue la pederastia clerical, que desde 2001 está permanentemente denunciada en distintas instancias, frente a las cuales la mayoría de Papas, incluido el actual, se comprometió a condenar”, explica a Vistazo. “El problema, aparte del abuso a los niños, es que parte de la jerarquía los protege”.
Unas seis mil denuncias contra sacerdotes se han recibido en la última década: 600 por año. Vistazo contactó a un abogado, con un posgrado en Derecho Canónico. Pidió no revelar su nombre. “La Iglesia tiene tribunales que investigan estas denuncias, con sigilo para proteger a las víctimas. En Chile, el sacerdote Fernando Karadima fue absuelto por la justicia común, pero el Vaticano lo encontró culpable de abuso sexual y lo condenó”.
La tercera semana de mayo llegó hasta Ecuador un enviado especial del Vaticano para estudiar las denuncias de Cuenca. El vicario judicial Jaime Ortiz de Lazcano trabaja en la Vicaría de Chile. Una investigación de esta naturaleza puede tomar años. El caso más reciente se relaciona con el cura peruano Luis Fernando Figari, quien fundó la sociedad religiosa Sodalicio en 1971.
En 2015, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, con testimonios de jóvenes torturados y abusados sexualmente dentro de esta orden. Recién en 2017 la justicia peruana dictó la captura contra Figari. Y en enero de este año, el Vaticano ordenó la intervención de Sodalicio, organización que en Perú es accionista de empresas y dueña de escuelas y colegios. Sin embargo, sigue operando en Perú y otros siete países de la región, entre ellos, Ecuador.
“De no haber sido por la unión de las víctimas y el respaldo de los medios de comunicación y los ciudadanos, el caso nunca se habría judicializado”, dijo a Vistazo la periodista Paola Ugaz. Es posible que Figari nunca pise la cárcel. Vive en Roma desde hace cuatro años.
Sodalicio en Ecuador
El cura guayaquileño denunciado tuvo relación con la orden de Figari. Según la periodista Ugaz, aunque en Perú no documentaron la “dinámica del pecado”, puede que sea alguna derivación de las torturas.
En las prácticas del sacerdote guayaquileño, “Hay demasiados guiños figarianos”, según escribe Pedro Salinas, coautor del libro. A los jóvenes, los reclutaba con discursos al estilo: “Tú has nacido para cambiar el mundo”, “El Señor te ha elegido para formar un ejército de ungidos”.
Vistazo conversó a inicios de 2016 con Héctor Guillén, oftalmólogo peruano que denunció el secuestro de su hijo por parte de la orden sodálite. “Le lavaron el cerebro, quise rescatarlo y él mismo me denunció a la policía”. En septiembre de ese año, su hijo decidió retirarse de esa organización, terminando con 25 años de sufrimiento para esa familia. Hasta ahora, Chile es el primer país de la región en dar ejemplo de transparencia. Las denuncias que aparecieron desde 2004 en contra del sacerdote Fernando Karadima, obtuvieron respuesta en 2011, cuando el Vaticano lo encontró culpable de abuso sexual y lo condenó a “Una vida de reclusión y penitencia”.
A mediados de mayo, 34 obispos chilenos visitaron al Papa Francisco tras aceptar “Graves errores y omisiones” en el caso Karadima y pusieron sus cargos a disposición. En primera instancia, el Papa aceptó 14 de las renuncias. Antes, se reunió con tres de las víctimas y les pidió perdón.
“Lo más difícil es lograr que la víctima denuncie, pues ocurre que por diversos escenarios –como secuelas postraumáticas– su voz se silencie, y por ello no se judicialice”, advierte la fiscal de Guayas, Patricia Morejón.
En Ecuador, las víctimas empiezan a romper el silencio. Claman justicia en la tierra, ante los abusos de los hombres con sotana.
