Colocan grillete al alcalde de Quito por presunto peculado en la compra de pruebas COVID-19
Carolina Farfán viernes, 19 febrero 2021 - 10:48
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El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió este viernes 19 de febrero a las oficinas del Servicio de Rehabilitación Social (Snai), para que se le colocara el dispositivo de vigilancia elcetrónica (grillete), como parte de las medidas cautelares que debe cumplir durante el proceso de investigación por presunto peculado por compra de pruebas de COVID-19.
"En mi vida he recibido muchos galardones, premios, medallas, preseas. Pero esta es especial. Esta significa haber salvado 50 000 vidas. En el proceso demostraremos nuestra inocencia. Gracias por el apoyo de todos", tuiteó el Alcalde a través de su cuenta.
Además, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, ordenó prohibición de salida del país y presentaciones ante la autoridad (lunes, miércoles, viernes y domingo, este último en la Unidad de Flagrancia) para Yunda.
La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó al alcalde de Quito como presunto autor mediato, y a otras seis personas como presuntos coautores a la instrucción fiscal abierta por peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19.
Según la institución, la adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.
Por otra parte, para Linda G., Daisy H. y Erik A. se dispuso también presentaciones periódicas, pero solo los viernes, además del uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país –medidas previstas en los numerales 1, 2 y 4 (uso del dispositivo electrónico) del artículo 522 del COIP–.
Y para Ximena A., secretaria de Salud del Municipio de Quito, Jéssica C. y Marco R. se dictó prisión preventiva.
Para todos los procesados se ordenó la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares.
La mejor presea que he recibido por salvar más de 50.000 vidas, gracias @lindaguaman @XimenaAbarcaD saldremos de esta injusticia, saldremos con la frente en alto. pic.twitter.com/2UdI4vusVk
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) February 19, 2021
Las personas vinculadas a este proceso penal habrían terminado, el 20 de julio de 2020 –por mutuo acuerdo– el “Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa”, suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.
Lo que correspondía, según las investigaciones de Fiscalía, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.
¿La razón? En lugar de entregar las pruebas PCR Polimerasa, como consta en el contrato, la empresa entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus. Es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad.
De acuerdo a las investigaciones, este posible incumplimiento de las especificaciones técnicas era de conocimiento del Alcalde de Quito y de la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp, respecto a que las pruebas entregadas no eran las constantes en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.
A esto se agrega que las pruebas adquiridas el 16 de abril de 2020 tenían como fecha de expiración el 26 de septiembre de 2020, cuando la Ley y el contrato determinan que la fecha de expiración de los productos no debe ser menor a los doces meses, contados desde el momento de la recepción.
La investigación previa de este caso inició el 26 de mayo de 2020 y se formularon cargos el 13 de noviembre de 2020, con más de cincuenta elementos de convicción en contra de siete personas: el exsecretario de Salud, Lenin Boroshilov M. C; Enrique José B. F., Iván Agusto M. R., José Hernán M. E., Diego Fernando S. M., Simón Narcilo V. V. y Juan Alejandro V. A.
En total, en esta causa están señaladas vinculadas y procesadas catorce personas.
El delito de peculado se sanciona con prisión de diez a trece años, según el inciso primero del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
