Autoridades y expresidente se pronuncian por amenazas contra juez a cargo de proceso contra Jacobo Bucaram | Vistazo

Autoridades y expresidente se pronuncian por amenazas contra juez a cargo de proceso contra Jacobo Bucaram

Redacción Lunes, 28 de Septiembre de 2020 - 16:24
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La mañana de este lunes 28 de septiembre de 2020, el juez Ronald Guerrero, a cargo de uno de los procesos que se sigue en contra de Jacobo Bucaram Pulley, fue víctima de amenazas. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
 
La funcionaria detalló que la amenaza que hicieron llegar al magistrado fue realizada por "tres individuos extranjeros", quienes dieron la advertencia al secretario de la dependencia judicial donde labora Guerrero.
 
Los autores de la amenaza al juez serían "tres personas con acento colombiano que efectivamente se refirieron en particular al proceso en contra de Jacobo Bucaram y que su protesta era la medida cautelar y el hecho de que la prisión no se de en Guayaquil. Que le daba estas tres opciones: o levantar la prisión, o trasladarlo a Guayaquil o atenerse a las consecuencias". 
 
Romo detalló que conversó con la fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien fue la persona que recibió esta alerta, mientras que la Policía levantó un parte policial.
 
Además, el Ministerio de Gobierno informó que el funcionario recibirá toda la protección correspondiente, y que lo mismo se aplicará para cualquier servidor de la justicia que así lo requiera. 
 
Tras el incidente, el Consejo de la Judicatura (CJ) se pronunció para defender la independencia judicial y rechazar "toda injerencia en la justicia".
 
Rechazó también las amenazas recibidas a uno de los jueces que conocen los procesos penales iniciados contra el ciudadano Jacobo Bucaram, acusado del presunto delito de delincuencia organizada, por la venta irregular de suministros médicos durante la emergencia sanitaria por el COVID -19.
 
"Tras conocer que, en el citado caso, un juez recibió amenazas, hemos activado los correspondientes protocolos de seguridad y protección para el administrador de justicia", dijo la entidad en un comunicado.
 
Y enfatizó que, "en el marco de la independencia, el Consejo de la Judicatura condena cualquier injerencia en contra de juezas y jueces, quienes, de conformidad con el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, 'solo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley'".
 
De su lado, la FGE inició las investigaciones correspondientes y activó los protocolos del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), "que permitiría salvaguardar la integridad, tanto del funcionario en cuestión, como de los demás que toman en parte procesos relacionados".
 
Asimismo, hizo un llamado público a las organizaciones, asociaciones, gremios y activistas judiciales para que estén vigilantes y acompañen los procesos, sobre todo aquellos que generan gran conmoción social y que podrían relacionarse con estructuras de corrupción.
 
Tras lo acontecido, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, calificó como "falsas" las supuestas amenazas a jueces y acusó a la Fiscalía de mentir sobre el hecho.
 
"La Fiscalía miente sobre amenazas a jueces porque quieren justificar el trato cruel, inhumano y de incomunicado que tienen a mi hijo", dijo Bucaram.
 
Por último, el exmandatario hizo pública una carta escrita por la hija de Jacobo Bucaram y dirigida al juez que habría sido amenazado. "Esto es horrible. Deje a mi papito libre o traigalo a Guayaquil. Por favor señor Ronald (Guerrero) ayúdenos. Tráigalo a mi papito", dice parte de la misiva.
 

 
Este fin de semana, un tribunal ordenó la prisión preventiva, mientras dure la investigación, de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, en un caso de delincuencia organizada y por la presunta venta irregular de insumos médicos a hospitales durante la pandemia del coronavirus Covid-19. Por lo que, el procesado fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga (Cotopaxi).
 
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