Allanamientos dejan tres detenidos por presunto peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Carolina Farfán sábado, 27 febrero 2021 - 01:31
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La mañana de este viernes 26 de febrero de 2021, la Fiscalía informó sobre la detención de tres personas por presunto peculado dentro de un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Sobre los operativos, la entidad indicó que a noche en Guayaquil se realizaron los allanamientos. A los detenidos se los investiga por su presunta participación en el delito de peculado por compras de insumos médicos al Hospital Teodoro Maldonado, en un contrato correspondiente a 2018.
En las próximas horas, Fiscalía formulará cargos contra César T. G., Juan M. A., exdirector y exmiembro de la Comisión Técnica del Hospital, respectivamente; y, Juan J. D., proveedor. El perjuicio al Estado sería de 302.000 dólares.
Sin embargo, esta no es la primera investigación por peculado dentro de los hospitales del IESS, relacionada a denuncias de sobreprecios en la compra de insumos médicos.
En otro proceso que se sigue por presunto peculado, en el que se investigan varios convenios suscritos por funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo con empresas dedicadas a la venta de insumos médicos – justificados con una supuesta declaratoria de emergencia que no ocurrió , según certificaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)–, se habría ocasionado un perjuicio al Estado por más de 3 millones de dólares.
Entre los vinculados se encuentra el exdirector administrativo del hospital, Luis Eduardo J. Z., varios funcionarios de esa casa de salud y el representante de una compañía que habría intervenido en la adquisición de insumos médicos.
Fiscalía inició la investigación en septiembre de 2019, a través de la Unidad de Administración Pública, por denuncias presentadas por el entonces Director Nacional del Seguro Social. A ello se sumaron los informes de Contraloría, respecto al período de gestión 2012-2019.
El artículo 278 del COIP indica que los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal y en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.
