Gobierno y expresidentes rechazan posible juicio político contra Guillermo Lasso
En el documento se señala a Lasso por presuntamente haber adecuado su conducta a lo previsto en el artículo 129, numerales 1 y 2 de la Constitución, es decir, delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado).
Dentro de las conclusiones, la mesa legislativa destacó las declaraciones del exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, en el sentido que el Primer Mandatario, "después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no presente el informe a las autoridades pertinentes, en un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la Asamblea Nacional y también a la Función Judicial".
Al respecto, precisa que hay una responsabilidad política de Lasso, puesto que habría sido advertido por Verdesoto de los posibles actos de corrupción y "no solo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional".
A criterio de la Comisión, simultáneamente, el Presidente transgredió el principio de reserva de ley, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, mediante Decreto Ejecutivo No. 163, en lo relacionado con la conformación de los directorios de las empresas públicas, "lo que demuestra una aberrante violación a la Constitución, pues asumió una competencia que es exclusiva de la Asamblea Nacional".
El documento será remitido a la Fiscalía General y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas, respectivamente, con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes.
Gobierno rechaza informe
Tras conocerse la aprobación del informe, el Gobierno emitió un comunicado en el que calificó la actuación de la Comisión como "un atentado a la razón y al sentido común".
De acuerdo con el Ejecutivo, la comisión de la Asamblea Nacional, en lugar de cumplir su rol fiscalizador "de manera seria y responsable", confundió "de manera deliberada su obligación de investigación, pasando a tomar un papel de acusación que no le correspondía".
Argumentó, además, que a la mesa legislativa jamás les importó realmente la lucha contra la corrupción, sino "su afán desestabilizador", para intentar configurar las causales de juicio político.
Según el Gobierno, el informe carece de validez jurídica y no es vinculante. "En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personajes que debían ser investigados", cuestiona.
Respecto a las recomendaciones para enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, el Gobierno señaló que no existe evidencia alguna que vinculen a Lasso, razón por la cual considera que no hay mérito alguno para un juicio de este tipo.
Expresidentes respaldan a Lasso
Los exjefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron su preocupación y alertaron a la opinión pública sobre el "propósito de partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional del Ecuador, de destituir al presidente Guillermo Lasso".
Enfatizan, que así como han abogado por el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder, también deben respetarse y cumplirse los periodos para los que fueron elegidos los presidentes.
"A la salud de una democracia, al bienestar de los ciudadanos, al progreso de un país y a su respetabilidad internacional, no conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado del presidente de la República", recoge el comunicado.
Por lo que, hicieron un llamado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a los partidos políticos, a la sociedad civil y al pueblo ecuatoriano, a que se respete el período constitucional para el cual fue elegido Lasso. "Más todavía, si su pretendido enjuiciamiento no llega a sustentarse en hechos incontrastables y en sólidas bases jurídicas y constitucionales", indicaron.
El documento fue suscrito por Óscar Arias S., Costa Rica; José María Aznar, España; Nicolás Ardito Barletta, Panamá; Felipe Calderón, México; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador; Iván Duque M., Colombia; Vicente Fox Q., México; Federico Franco, Paraguay; Eduardo Frei T., Chile; César Gaviria T., Colombia; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Luis Alberto Lacalle H, Uruguay; Mauricio Macri, Argentina; Jamil Mahuad, Ecuador; Carlos Mesa G., Bolivia; Lenin Moreno, Ecuador; Mireya Moscoso, Panamá; Ernesto Pérez Balladares, Panamá; Sebastián Piñera, Chile; Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Julio María Sanguinetti, Uruguay; Juan Carlos Varela, Panamá; Álvaro Uribe Vélez, Colombia; y Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.
