Comisión pide ampliar plazo para finalizar investigación sobre presunta trama de corrupción en empresas públicas
La Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “el gran padrino”, relacionado con la presunta trama de corrupción en empresas públicas, decidió solicitar la prórroga de 10 días para cumplir la investigación dispuesta por el Pleno del Legislativo.
Como parte de las comparecencias planificadas por la Comisión, la fiscal general del Estado, Diana Salazar expuso las acciones emprendidas por la institución una vez que se hizo público el informe realizado por Inteligencia Antinarcóticos.
Informó que dispuso realizar un informe de seguimiento y evaluación jurídica de las actuaciones que constan en el expediente publicado, mismo que será trasladado a Quito e impulsado por un agente fiscal especializado en delincuencia organizada transnacional y analizará la pertinencia para la reapertura del caso.
Este informe será enviado al Consejo de la Judicatura y a la Policía Nacional para que, conforme a las observaciones y conclusiones identificadas en la causa, evalúen las actuaciones del personal a su cargo que participó en la investigación.
Agregó que la decisión de archivar el informe fue de un juez de garantías penales y que al aceptarse el archivo durante la fase de investigación preprocesal debe respetarse la reserva de ley. Advirtió que los progresivos publicados por los medios de comunicación cuentan con declaración de reserva nacional, por ello ha iniciado una investigación previa para determinar los motivos y las personas involucradas en la filtración de la información.
Tambien cuestionó la decisión del Ministerio del Interior de remover a los 37 agentes policiales que participan en la investigación de este caso, por la sensibilidad de la información y los avances obtenidos, sobre todo, en tramas de corrupción.
COMPARECENCIAS
Este viernes, la directora nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral (E) del CNE, Geovana Guano expresó que en el proceso electoral 2021 a nivel nacional las organizaciones políticas debieron presentar 551 expedientes, de los cuales solo 537 fueron remitidos al Consejo Nacional Electoral.
Expuso que de estos expedientes 79 corresponden a la dignidad presidencial, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y del exterior, mismos que fueron analizados en la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral y los 458 de la dignidad de asambleístas provinciales fueron analizados por las delegaciones provinciales electorales.
Pedro Granja, profesional del Derecho, coincidió en la necesidad de que las autoridades competentes tomen las acciones pertinentes para profundizar la investigación de casos relacionados con la “mafia albanesa”, a la vez advirtió que existe el riesgo que el país se convierta en “la Panamá de Noriega”.
De su lado, Marcelo Vásconez, agente fiscal, detalló las acciones tendientes a investigar este caso, en el que existieron dos impulsos fiscales, a la vez afirmó que no tuvo acceso al contenido del informe, respecto a la investigación, que en lo posterior se había solicitado el archivo.
Por último, recordó que se le requirió al analista o agente investigador asignado al caso, que remita el informe de resultados de las tareas de operación investigativa, operaciones básicas de inteligencia, seguimiento y tomas de fotografías, entre otros aspectos.
La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz exhortó a las autoridades competentes que den celeridad a esta investigación, a fin de dar respuestas a los ecuatorianos.
