Correísmo presenta proyecto'Ley Lavinia' para regular la validación de trayectorias profesionales

Héctor Rodríguez y Comps Córdova plantean reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

Los legisladores de Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez y Comps Córdova, presentaron un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), denominado 'Ley Lavinia', que regula la validación de trayectorias profesionales y el reconocimiento de aprendizajes previos.

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Según argumentaron los legisladores, la propuesta establece mecanismos para reconocer, con efectos académicos, los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos por las personas a lo largo de su trayectoria profesional y laboral, así como mediante la formación continua, la investigación, la educación no formal y otros procesos de aprendizaje desarrollados durante su vida.

"Cinco años en la universidad para obtener un título profesional, no pueden verle la cara a ese esfuerzo académico y simplemente presentarse con dos TikToks a obtener un titulo profesional en las universidades del país. Debe ser rigurosa la formación superior", enfatizó Rodriguez.

"No es posible que ciertos actores, valiéndose de algunos vacíos normativos, pretendan destruir el mérito y a la academia", acotó Córdova.

La iniciativa fue presentada en medio de la controversia que surgió tras la agilidad en la titulación de la primera dama, Lavinia Valbonesi, en la carrera de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios, mediante el mecanismo de validación de trayectoria profesional contemplado en la LOES.

'Ley Lavinia' plantea requisitos mínimos de experiencia para validar títulos universitarios

La propuesta plantea incorporar a la LOES un marco regulatorio específico que permita que estos reconocimientos se realicen bajo criterios de calidad académica, equivalencia, objetividad, transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica.

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Los legisladores correístas señalaron que el objetivo es fortalecer la rigurosidad académica mediante procedimientos de evaluación alineados con los planes de estudio y sustentados en evidencia objetiva, que permitan comprobar que los aprendizajes adquiridos por una persona son equivalentes a las competencias y resultados formativos establecidos en una carrera o programa académico.

El proyecto determina que el reconocimiento procederá únicamente cuando la persona solicitante demuestre competencias y conocimientos equivalentes a los exigidos por la formación superior correspondiente, a través de mecanismos de evaluación definidos por las instituciones de educación superior conforme a la normativa que expida el Consejo de Educación Superior (CES).

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Entre los requisitos previstos constan la acreditación de experiencia profesional, laboral, académica, investigativa o de vinculación relacionada con el campo de conocimiento correspondiente; la presentación de evidencias verificables; y la aprobación de los procesos de evaluación académica previstos para el efecto.

Como requisito mínimo, se exige cinco años de experiencia para programas técnicos y tecnológicos superiores, ocho años para carreras de tercer nivel de grado y diez años para programas profesionales de cuarto nivel.

Además, contempla límites máximos para el reconocimiento de créditos u horas académicas: hasta el 70 % en programas técnicos y tecnológicos superiores, el 50 % en carreras de tercer nivel y el 30 % en programas profesionales de cuarto nivel. Estos porcentajes no implican un reconocimiento automático, sino que estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos y a la aprobación de las evaluaciones correspondientes.

La reforma establece además que no podrán ser objeto de validación aquellos componentes curriculares que requieran el desarrollo directo de competencias, habilidades o destrezas indispensables para garantizar el perfil de egreso de cada carrera o programa.

Como medida de transparencia y control, las instituciones de educación superior deberán mantener expedientes individuales de cada proceso, con la documentación presentada, evidencias, evaluaciones aplicadas, informes técnicos y resoluciones motivadas que sustenten la decisión adoptada.