Financiamiento de campañas
Patricia Estupiñán jueves, 26 septiembre 2019 - 03:32
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Creímos que en Ecuador no se repetirían episodios tan vergonzosos como aquel ocurrido en 1999, cuando el banquero a quien no le salvaron su institución, exhibió un cheque por tres millones de dólares que había aportado a la campaña de Jamil Mahuad. Fue la sentencia política para el expresidente. Sin embargo, ese episodio trágico palidece ante la estructura de sobornos que montó Alianza País. Los testimonios de Pamela Martínez y Laura Terán, personas cercanas al expresidente Rafael Correa, son devastadores. No dejan la menor duda del proceder ilegal del exmandatario y de las personas de su entorno. La imputación de los delitos por parte de la Fiscalía no es “una persecución política”, como argumentan los acusados, sino un ejemplo de cómo el poder pervierte y el poder absoluto corrompe absolutamente.
¿Quién corrompió a quién? El hecho es que en Ecuador, la democracia comienza a escurrirse desde las campañas políticas. En una sociedad inequitativa, es muy fácil comprar favores para las empresas que hacen negocios con el estado. Y que quienes llegan al estado extorsionen para seguir manteniéndose en el poder. ¿Cómo cambiar este círculo vicioso?
Hay que comenzar por aceptar una verdad incontrastable: una campaña cuesta y que alguien tiene que pagar la cuenta. ¿El estado o las empresas o los ciudadanos es la pregunta? Muchos países de la región han optado porque sean los estados. Sin embargo, salvo Uruguay que tiene esa modalidad desde 1928 y donde no hay casos de corrupción electoral de magnitud, en los demás ha habido corrupción. Los gobernantes parecen sufrir de una glotonería insaciable. Correa con un monopolio de medios públicos e incautados y la gratuidad para difundir mensajes de las obras del gobierno, pero igual recogió 1,6 millones en sobornos para solventar su propaganda.
Que un estado pague las campañas genera otros problemas adicionales. El primero, la ventaja incomparable de quien está en el gobierno. El segundo, que candidatos sin posibilidades, se inscriban como un negocio para recibir los fondos estatales. En las elecciones seccionales de 2019 en Ecuador hubo más de 80.000 aspirantes.
¿Debe abrirse el abanico para el financiamiento privado de las campañas? Esto resulta mejor, siempre y cuando haya regulaciones estrictas sobre aportes empresariales e individuales. Debe haber límite a los montos y transparencia en la divulgación de las donaciones. Cuando hay opacidad y falta de rigor en los controles el resultado es una fiesta como la de Odebrecht. Para el cumplimiento de las leyes es indispensable sistemas electorales profesionales. No es el caso del Consejo Nacional Electoral, que indistintamente de su conformación, ha dejado pasar elefantes en la financiación de los partidos.
Las reformas electorales de financiamiento de campañas no tienen una panacea y exigen la adopción de normas difíciles, que obviamente los políticos no están dispuestos a concretar, como se refleja en la indiferencia de la Asamblea Nacional frente a los cambios al Código de la Democracia.
