Estado laico, ¿personas laicas?
Victor Cabezas lunes, 10 agosto 2020 - 11:06
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POR VÍCTOR CABEZAS
La primera “aparición pública” de la vicepresidenta ocasionó un acalorado debate. María Alejandra Muñoz hizo un recorrido por su fe católica y le encomendaba a Dios su nueva misión. Para algunos, ese mensaje religioso emanado de una autoridad que, además, estaba estrenándose en el cargo, contradecía el laicismo del Estado. La crítica, en parte, se enfocaba en que la “primera aparición” haya sido en una iglesia. O sea, que esa primera vez en que la vicepresidenta se refería a su cargo, a su misión, a su objetivo, se haya hecho en un templo. Ahí, dicen, hay un mensaje oculto y poderoso que riñe contra la obligación del Estado de ser laico.
La libertad de religión es un derecho fundamental que tiene dos dimensiones. Por un lado, todos podemos expresar nuestra fe, difundirla, manifestarnos en eventos públicos, etc. El Estado, por su parte, tiene un deber de neutralidad: no puede promover una religión, financiarla, darle concesiones, preferirla o contratar funcionarios con base en su fe. Entonces, en nada afecta al laicismo que la vicepresidenta haya dado un mensaje en una iglesia, menos si se trataba de un evento privado. Tampoco juega a favor de la vicepresidenta que Ecuador sea mayoritariamente católico, pues si mañana tenemos una mandataria judía, musulmana o atea, el Estado igualmente deberá proteger esas expresiones de fe, sean o no populares.
Ahora, el tema es complejo. Mientras Estados Unidos ha tenido una posición de apertura frente a las manifestaciones religiosas que se relacionan, incluso, con actos de Gobierno, Francia, adoptó un “laicismo militante” que prohíbe este tipo de expresiones en el Estado e, incluso, en ciertos espacios públicos. También el Tribunal Constitucional alemán prohibió los crucifijos en escuelas públicas. Sin embargo, en Italia, las Cortes resolvieron que estos símbolos son emblemas culturales que deben ser protegidos. En fin, aunque la interacción de la religión y el Estado es escabrosa, hay un consenso: el ciudadano puede predicar, el Estado debe respetar y, sobre todo, mantenerse en silencio.
