La intolerancia a la crítica por parte de quienes dirigen el Estado es el camino directo hacia la tiranía y la violación de los derechos humanos de quienes realizan las críticas. En el estado de Nueva York, un fanático islámico cumplió 40 años más tarde la fetua, el decreto emitido por el ayatola Khomeini, que condenaba a muerte al escritor Salman Rushdie, autor del libro “Los versos satánicos”, que supuestamente ofende al Corán. Rushdie no murió, pero perdió un ojo y tiene comprometidos varios órganos vitales. En Nicaragua, en cambio, la dictadura de Daniel Ortega ha encarcelado al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y cerrado nueve radios católicas por opiniones contrarias al Régimen. Álvarez se suma a 46 políticos opositores presos y periodistas que han debido exiliarse o están también en prisión, en su mayoría del diario La Prensa. Las dictaduras necesitan del silencio para operar con la impunidad. Por eso buscan callar la información y la opinión.
Luego de sufrir las consecuencias de una ley de prensa restrictiva, que impuso una mordaza a los medios independientes durante la administración del expresidente Rafael Correa, el periodismo volvió a ejercerse con libertad gracias a que el presidente Lenín Moreno eliminó la Superintendencia de Comunicación, que actuaba como ente inquisidor y el presidente Guillermo Lasso suspendió el reglamento de la ley y envió un proyecto para que Ecuador se ajuste a los principios de las convenciones internacionales de las cuales el país es signatario. Sin embargo, dicho proyecto fue descartado y una mayoría de legisladores aprobó una ley que de promulgarse tendría efectos similares a la ley mordaza de Rafael Correa.
La ley restaura el enjuiciamiento penal para los periodistas y convierte a la Defensoría del Pueblo, en ente de persecución que cumpliría un rol similar a la derogada Superintendencia de Comunicación. Tales cambios reflejan la naturaleza autoritaria y antidemocrática de sus proponentes, para quienes solo debe existir la verdad oficial que es la que les asegura su poder y evita que la prensa alumbre oscuros secretos y los difunda. El presidente Lasso ha vetado varios artículos por ser inconvenientes y otros por inconstitucionales, que serán enviados a la Corte Constitucional. Resta un mes para ver si se mantiene su veto en los artículos inconvenientes. Es un mes crítico para demandar que se mantenga dicho veto, pues la mayoría de los ecuatorianos cree en el sistema democrático y para la existencia de dicho sistema es indispensable contar con una prensa independiente, libre, no amordazada que pueda chequear y exigir a quienes momentáneamente están en funciones públicas, que cumplan con la ley y las responsabilidades que les han sido encomendadas.
Una de las virtudes de la democracia es su capacidad para corregir errores. Esta capacidad proviene del conocimiento público de esos errores, que muchas veces son descubiertos por la prensa y la mayoría de veces difundidos por ella. En cambio, en los gobiernos autoritarios los errores no se corrigen porque los ciudadanos no los conocen debido a que solo se difunde la verdad de la autoridad. Y esto tiene consecuencias trágicas para las sociedades. No queremos que esto ocurra en Ecuador.
