EDITORIAL
Finalmente, la Asamblea Nacional corrigió uno de los absurdos jurídicos en una sociedad democrática: considerar a la comunicación como un servicio público, definición que correspondió al talante autocrático del expresidente Rafael Correa. Con 126 votos, incluidos el de algunos legisladores de la Revolución Ciudadana, se aprobó la reforma al artículo 5 de la Ley de Comunicación, determinándose que la comunicación es un derecho humano, guardando así concordancia con los principios universales de los derechos humanos,
entre los cuales está la libertad de expresión, que debe ejercerse con libertad y no con mordaza.
Casi al término del gobierno del presidente Lenín Moreno, uno de cuyos méritos es haber respetado la libertad de expresión, la comunicación va enrumbándose hacia su cauce natural. Gracias a la vigencia de la libertad de expresión, los ecuatorianos descubrimos la corrupción del anterior régimen y del actual, por la labor empeñosa de los periodistas por llegar a la verdad. Dicha verdad estuvo empañada durante casi una década por una vorágine de propaganda oficial y por las sanciones de un organismo inquisidor, como fue el Consejo de Regulación de la Comunicación creado por la Ley que acaba de ser reformada y eliminado por pedido del presidente Moreno.
La Corte Constitucional también derrumbó otro de los perversos principios instaurados por el correísmo en contra de la libertad de expresión, al desechar la demanda impuesta por el Consejo Electoral a Vistazo en 2011, en el que se pretendió pasar una opinión editorial legítima, como “propaganda electoral”. La jueza Teresa Nuques, ponente de la Corte, desechó el argumento del Tribunal Contencioso Electoral porque violaba la libertad de expresión y añadió que la protección al derecho de la libertad entraña una importancia particular para el ejercicio de otros derechos e inclusive para el funcionamiento de una sociedad democrática.
No obstante estas dos buenas noticias, queda un aspecto trascendente por reformar: el presidente Lenín Moreno debería eliminar el derecho del gobierno a exigir a los medios de comunicación que pasen cadenas nacionales. Concebidas por una dictadura militar, no se compaginan con una democracia. Todo gobierno por su propia naturaleza tiene cobertura de medios y no debería recurrir a esta exigencia de propaganda, que en el mejor de los casos se convierte en una colección de mensajes aburridos y en el peor un adoctrinamiento ideológico totalitario.
