La inteligencia artificial (IA) ofrece oportunidades únicas para revolucionar industrias enteras, y el crimen organizado no es la excepción.
Desde la creación del internet, las organizaciones criminales han colonizado el ciberespacio para reclutar miembros, organizarse y comercializar productos y servicios ilícitos. Con cada oleada de innovación tecnológica los grupos delictivos encuentran nuevas oportunidades para expandir su influencia y lucrar cada vez más.
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Los avances de la IA han tenido un impacto sin precedentes en el trabajo intelectual, donde los modelos avanzados basados en aprendizaje (LLMs) han llegado para quedarse—reemplazando la labor de equipos enteros de oficinistas y analistas. Donde antes se necesitaba a una persona sentada frente a una pantalla durante horas resolviendo tareas tediosas, hoy la IA puede hacerlo mejor, más rápido y sin descansos.
Muchos grupos criminales han notado esto y, como consecuencia, prácticas ilícitas como el narcotráfico, las estafas y la extorsión están pasando a ser negocios cada vez más automatizados. Esto le ha permitido a las organizaciones delictivas ahorrar dinero, reducir fricciones y escalar su impacto como nunca antes. A esta tendencia la he llamado crimen optimizado: un ecosistema de negocios digital donde las actividades criminales se refinan de manera iterativa y automática—ad infinitum.
Gracias a la IA las organizaciones criminales ya no necesitan desarrollar herramientas sofisticadas ni software propio. Tan solo les basta con utilizar plataformas comerciales que están al alcance de todos. De acuerdo con un estudio recientemente publicado por el programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea, la IA se aplica en toda su cadena de producción, desde el reclutamiento hasta la comercialización de productos y servicios.
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Entre las herramientas más utilizadas están los modelos de lenguaje, los sistemas de traducción, los deepfakes y la clonación de voz. El reclutamiento completamente automatizado—capaz de identificar posibles víctimas, interactuar y construir confianza sin intervención humana—todavía es incipiente, pero ya es creíble. Esto es suficiente para generar resultados favorables si se aplica estas tácticas a escala. La IA también los está ayudando a generar nuevas prácticas que no encajan en los patrones que las fuerzas del orden están entrenadas para reconocer, lo cual dificulta aún más la ya difícil labor de mitigar su impacto en la sociedad.
El desafío de luchar contra el crimen organizado en tiempos de IA es especialmente grave para economías relativamente pequeñas como Ecuador ya que las compañías tecnológicas no tienen los incentivos suficientes para domiciliarse en el territorio nacional. Esto limita seriamente la capacidad de nuestros gobiernos para tomar acción. Quienes tienen mayor capacidad de regular estas tecnologías son los países donde residen las empresas que desarrollan los modelos de IA en primer lugar.
Es importante destacar, sin embargo, que desde el Gobierno Nacional y la Asamblea se está empezando a hacer esfuerzos para adaptar las prácticas de protección a la ciudadanía a la era de la IA. Por ejemplo, la Ley de Ciberseguridad, aprobada a inicios de este año, prioriza la protección de infraestructura crítica. A su vez, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, lanzada en marzo de este año, promueve un uso ético, responsable y seguro de estas plataformas, aunque no considera de manera explícita cómo contrarrestar al crimen organizado.
Por su lado, la Superintendencia de Protección de Datos Personales también ha tomado la iniciativa de crear normas para el uso de IA agéntica y generativa dentro de la institución, garantizando la protección de datos personales y los derechos de sus titulares.
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Estas iniciativas son rescatables, pero se quedan cortas frente al riesgo que representa la IA en manos de actores sociales maliciosos. Ecuador todavía no cuenta con leyes robustas que protejan a sus ciudadanos del crimen optimizado. Mientras propuestas cruciales como la Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial permanecen en cola en la Asamblea Nacional desde 2024, la IA no deja de innovar y las organizaciones criminales son las primeras en imaginar nuevos usos.
Pero debido a la escala sin precedentes de esta revolución del crimen, incluso si se aprobara una legislación en tiempo récord, poco podría hacer un país por sí solo frente a un aparato criminal fundamentalmente transnacional. Para afrontar estos nuevos retos se necesitan coaliciones regionales y globales que enfrenten el problema de manera integral.
Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con la Sección 702, que permite al FBI interceptar flujos de datos que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional. Aunque muy criticada, esta figura ha permitido prevenir ataques terroristas e interceptar operaciones relacionadas con el narcotráfico, incluso cuando los datos provienen del exterior.
Esto es posible por el poder de negociación de Estados Unidos frente a las empresas que diseñan los modelos de IA que luego se importan al resto del mundo. Sin embargo, en un contexto global cada vez más fragmentado y descoordinado, los países de regiones críticas como la latinoamericana no cuentan con los marcos legales ni la capacidad operativa para hacerle frente a las organizaciones criminales en igualdad de condiciones.
La IA nos exige un cambio de paradigma en la manera en la que afrontamos las grandes problemáticas de la sociedad actual. Las revoluciones tecnológicas no esperan—es más, solo se aceleran—y exigen una acción coordinada entre actores sociales como nunca antes. Si existe un momento para dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas entre los actores de nuestra región, es ahora.
Históricamente los grupos humanos han necesitado un enemigo común para unir fuerzas y luchar mano a mano por la supervivencia. La lucha contra el crimen organizado en tiempos de IA es un fenómeno terrorífico pero puede ser una amenaza convertida en oportunidad para la unidad regional, si así lo decidimos.