Una institución destruida
Dentro de la enorme corriente de opinión pública que en 2017 exigía destapar y juzgar los múltiples casos de corrupción cometidos durante el largo correísmo había dos posiciones. Una, que cuestionaba la permanencia de Pablo Celi al frente de la Contraloría, tras el escape a EE.UU. de Carlos Pólit, por la simple razón de que él también era parte de esa repudiable estructura que por 10 años permitió atracos y coimas.
Los de la otra posición prefirieron taparse la nariz y virar la cara mientras Celi, con el visto bueno del entonces presidente Moreno y el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo, hacía gala de su hábil funcionalidad. Se convirtió, entonces, en el contralor que mostró decenas y decenas de expedientes, poniendo contra la pared a los principales responsables de la década ganada.
Ahora es Celi quien está dentro del atolladero más asfixiante de su extensa vida política, siempre con bajo perfil, en donde se cuentan sus alianzas con la izquierda más radical en la que militaban las clases medias quiteñas, su cercanía al bucaramato, al alarconato y al gutierrismo, en donde surgió su relación con Pólit, contralor al que acompañó durante el régimen de Rafael Correa.
Con él se hizo evidente aquel refrán de que no hay peor cuña que la del mismo palo, cuando de destaparse todas las denuncias, excesos presupuestarios, glosas y negligencias se trataba, en una institución obsecuente, cuyo titular sacaba 100/100 en las pruebas para ganar una y otra vez el concurso de merecimientos.
Muchos dirán que Celi fue fundamental en la lucha contra la corrupción correísta, aunque ahora la justicia tenga que confirmar si luego de haberse cerrado esa etapa, nació otra estructura que hizo de la Contraloría un inaceptable despacho de desvanecimiento de informes tarifados según el tamaño político del personaje o del negociado.
La lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la justicia, la independencia de poderes y la solvencia de nuestra democracia no podrán conseguirse si es que el país no decide poner a la Contraloría en cuidados intensivos.
Celi ya no tiene fuerza para seguir como contralor así la justicia lo exculpe en el caso Las Torres. Si él no quiere renunciar, la agonía será más intensa, pues la Asamblea tendría que llevarlo a juicio político porque la línea de sucesión, a través de Valentina Zárate, también se rompió con su renuncia, producto de la desconfianza que la Fiscalía le demostró cuando allanó su oficina. El drama, ahora, no solo consiste en saber quién comandará la Contraloría hasta 2022, sino que quien lo haga está en la obligación de sanearla por completo y que de Pólit y Celi solo quede el mal recuerdo.
Tampoco es un escenario ideal que toda esta crisis precipite la realización de un nuevo concurso en el seno del Consejo de Participación Ciudadana que, a todas luces, tiene cercanía con el correísmo y el PSC, pues el presidente Lasso no querrá tener un contralor de esa vertiente.
Las nuevas hipótesis del autoatentado, tejidas en las redes sociales sobre el incendio de la Contraloría en octubre de 2019 para desvanecer glosas, demuestran una vez más que lo único claro es que la reputación de esta institución quedó en cenizas. ¿Cómo reconstruirla?
