Una demanda civil presentada el pasado 18 de septiembre en el estado de Nueva York conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos. Una estudiante, que tenía 20 años al momento de los hechos en 2024, denunció haber sido drogada y agredida sexualmente por siete integrantes de una fraternidad en la Universidad de Cornell, en un episodio que se extendió durante horas hasta que perdió el conocimiento.
La gravedad de las revelaciones contenidas en el documento de 100 páginas —que incluye capturas de pantalla de mensajes donde los implicados incitaban a otros estudiantes a sumarse al abuso— generó una ola de indignación nacional que obligó a las autoridades judiciales a reconsiderar el tratamiento penal del caso.
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Este lunes 28 de septiembre, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, confirmó la reapertura de la investigación para elevar las pruebas e información disponible ante un gran jurado, revocando la decisión inicial de no presentar cargos penales por supuesta falta de evidencias sobre la ausencia de consentimiento.
La respuesta de la universidad y las reacciones públicas
El escrito judicial señala que la víctima fue presionada para consumir sustancias que la dejaron incapacitada y acusa a la institución educativa de no haber tomado medidas drásticas de protección ni sanciones proporcionales contra la mayoría de los involucrados.
Por su parte, la Universidad de Cornell emitió un comunicado respaldando la reapertura de la causa judicial. La institución aseguró que, tras la denuncia interna presentada en 2024, aplicó suspensiones, expulsiones directas y retiró el reconocimiento oficial a la fraternidad vinculada al hecho.
El suceso trascendió las aulas universitarias y provocó el rechazo de figuras del ámbito político y cultural:
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Las autoridades judiciales indicaron que el gran jurado evaluará tanto el testimonio de la estudiante como los nuevos elementos aportados en la demanda civil para determinar las acciones penales correspondientes.
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