El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, levantó este martes la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una decisión que justificó alegando que la restricción dejaba en desventaja a los ciudadanos que cumplen la ley frente a los criminales.
El mandatario aseguró que la decisión no significa un porte indiscriminado de armas, sino que se mantienen los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes.
"Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla", añadió De la Espriella.
La medida levanta una suspensión que impedía a los titulares de permisos vigentes para portar armas sin una autorización especial adicional y restablece la eficacia de esos permisos, aunque no habilita el porte cuando estos estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni cuando exista una prohibición legal o judicial.
El decreto, que entrará en vigor este miércoles 9 de septiembre, ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias, restablecer la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes.
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El presidente aseguró que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos.
Según De la Espriella, 980 de esas armas estaban vinculadas a las disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y 339 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir", manifestó el mandatario, quien prometió que las autoridades van a "quitar" las armas ilegales "a los criminales".
Casi once años de suspensión
El expresidente Juan Manuel Santos, ganador del Nobel de Paz en 2016, suspendió en diciembre de 2015 de forma general los permisos para el porte de armas mediante un decreto que estableció inicialmente la restricción por poco más de un mes y que posteriormente fue prorrogada de manera sucesiva hasta el final de su mandato, en 2018.
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La restricción permitía, no obstante, que las autoridades concedieran autorizaciones especiales a titulares de permisos por razones de urgencia o seguridad, por lo que las personas que ya contaban con un permiso vigente podían solicitar una autorización adicional para poder portar el arma durante la vigencia de la suspensión.
El último decreto que prorrogó la suspensión la mantenía vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero la decisión de De la Espriella pone fin anticipadamente a una política que se mantuvo durante casi once años y tres gobiernos.
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