La disputa entre la Casa Blanca y los tribunales estadounidenses por la visa de trabajo H-1B, la más usada por profesionales extranjeros, incluidos miles de latinoamericanos, para emplearse en el sector tecnológico y de ingeniería de Estados Unidos, tiene un nuevo capítulo.
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Un borrador de reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al que tuvo acceso la agencia EFE, muestra que la administración de Donald Trump insiste en imponer una tarifa cercana a los USD 100.000, esta vez por una vía distinta a la que ya fue anulada por la justicia.
Según el documento conocido este lunes, la tasa —fijada en USD 103.265— se aplicaría a las solicitudes de trabajadores que ya tienen una H-1B y buscan renovarla dentro de Estados Unidos, a diferencia del cobro original, pensado para quienes tramitaban el visado por primera vez desde un consulado en el extranjero.
La medida se da en medio de una batalla legal que el Gobierno ha perdido dos veces. El 8 de junio de 2026, el juez federal Leo Sorokin, de la Corte de Distrito de Massachusetts, determinó que la tarifa de USD 100.000 impuesta por la Administración Trump era ilegal, tras una demanda presentada por una veintena de estados liderados por California. El magistrado concluyó que el Ejecutivo se excedió en sus atribuciones y violó la ley que regula cómo las agencias federales emiten regulaciones.
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El 24 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito negó la solicitud de la Administración para suspender el fallo que había anulado la tarifa, lo que en la práctica mantiene bloqueado el cobro mientras continúa el proceso de apelación.
Sin embargo, el fallo judicial no cerró la puerta a un nuevo intento. Según análisis de firmas especializadas en migración, lo que los tribunales anularon fue la política administrativa que aplicaba la proclama presidencial, mas no la proclama en sí, y ningún juez ordenó impedir que esta produzca efectos; además, la Corte de Apelaciones basó su decisión en la falta de autoridad legal y no en un error de procedimiento, por lo que una nueva implementación necesitaría sustentarse en una base legal distinta.
Es justamente ese camino —un reglamento formal en lugar de una proclama presidencial— el que ahora explora el borrador conocido este lunes.
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El reloj también juega un papel en esta disputa
La proclama vigente impone una restricción temporal de 12 meses que vence el 20 de septiembre de 2026, salvo que sea extendida, por lo que la publicación de este borrador se produce justo cuando se acerca ese plazo y crece la incertidumbre entre empleadores sobre si la Casa Blanca prorrogará, renovará o reformulará la medida.
El programa H-1B, clave para miles de profesionales extranjeros, tiene un cupo limitado por ley. Cada año se otorgan 85.000 visas, de las cuales 20.000 están reservadas para trabajadores con títulos de alta cualificación, un número que resulta habitualmente insuficiente frente a la demanda de empresas de tecnología e ingeniería que buscan contratar talento extranjero.
Mientras el caso continúa en el Primer Circuito y en otras cortes federales, incluidas demandas paralelas en California y Washington D.C., el nuevo borrador del DHS confirma que la disputa entre la Casa Blanca y la justicia por el costo de contratar talento extranjero en Estados Unidos está lejos de resolverse.
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