El organismo catalogó como "inadmisible" que familias de personas detenidas "sufran restricciones de sus derechos o que sean objeto de estigmatización y criminalización por su parentesco".
La madre de Juliana Campoverde, desaparecida hace 12 años, encabezó un plantón frente al Ministerio del Interior para exigir que continúen las investigaciones para encontrar a su hija.