TCE deja sin efecto cancelación la del Movimiento Unidad Popular por parte del CNE
Una jueza del Tribunal Contencioso Electoral aceptó un recurso presentado por Unidad Popular, anuló las resoluciones que retiraban a la organización del registro electoral.
La jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, dejó sin efecto la cancelación del movimiento político Unidad Popular, al aceptar un recurso presentado por la organización y declarar la nulidad de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que habían retirado su inscripción del registro oficial.
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La decisión fue alcanzada este 3 de junio de 2026, a pocos meses de las elecciones seccionales, previstas para noviembre.
En su sentencia, la magistrada acogió el recurso contencioso electoral planteado por Geovanni Atarihuana Ayala, dirigente y representante legal de Unidad Popular, contra las resoluciones emitidas por el Pleno del CNE el 26 de abril y el 20 de mayo de 2026.
La jueza determinó la nulidad de ambas decisiones al identificar irregularidades analizadas dentro de la motivación de la sentencia y dispuso que el Consejo Nacional Electoral vuelva a examinar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos a la organización.
El fallo establece que el nuevo análisis deberá realizarse respetando principios como el debido proceso, el derecho a la defensa, el acceso a información relevante, la contradicción efectiva y la motivación suficiente, además de considerar la documentación que aporte Unidad Popular.
TCE dispone acciones al Consejo Nacional Electoral
Como parte de la resolución, Coloma ordenó poner en conocimiento del Consejo Nacional Electoral posibles responsabilidades administrativas de servidores que participaron en la certificación, actualización, depuración, custodia y remisión de información relacionada con el registro de afiliados de Unidad Popular.
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Asimismo, dispuso que el organismo electoral informe cada 30 días sobre las acciones ejecutadas tras la sentencia y el avance de las decisiones derivadas del caso.
La controversia comenzó luego de que el 26 de abril de 2026 el CNE resolviera cancelar la inscripción de Unidad Popular, argumentando presuntos incumplimientos en los requisitos legales para mantenerse dentro del registro electoral.
Tras esa decisión, el movimiento denunció irregularidades y anunció acciones legales. En una rueda de prensa realizada en Quito, Geovanni Atarihuana calificó la resolución como un intento de afectar la democracia y sostuvo que carecía de sustento jurídico y técnico.
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Entre sus cuestionamientos, el dirigente argumentó que la cancelación se habría producido fuera de los plazos establecidos en el Código de la Democracia y aseguró que el organismo no demostró que Unidad Popular haya reducido su registro de afiliados por debajo del 50 % exigido por la normativa.