Cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son convocados a juicio político

Redacción Vistazo
El llamado a juicio fue resuelto por el Pleno de la Asamblea este martes 15 de noviembre.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió proceder con el juicio político contra cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), durante la sesión que se suscitó este martes 15 de noviembre.

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los consejeros Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán fueron los funcionarios convocados.

El llamado obedece a una acusación de incumplimiento de funciones a raiz de las modificaciones que se les atribuye haber realizado al reglamento concernientes a la designación del nuevo Contralor del Estado.

De igual manera, también se hace referencia dentro de las acusaciones a la ausencia de transparencia en procesos relacionados al caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.

La resolución fue aprobada tras registrarse un total de 85 votos a favor, los cuales provenían en gran parte del Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada correísta.

La Asamblea comunicó a través de su página web que de llegarse a ejecutar la censura y destitución los cuatro consejeros, sus puestos serán reemplazados por ciudadanos elegidos a través de votación popular en el 2021.

"No existen fundamentos. Aquí hay un interés del PSC y UNES (Unión por la esperanza) por tener mayoría en el CPCCS", expresó el líder de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, en medio del debate en que se generó en la Asamblea en torno a la resolución.

Por otro lado, asambleístas de UNES señalaron que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, intentó colocar trabas al proceso al remitir informes de manera tardía.

La potencial censura y destitución de los funcionarios llamados al enjuiciamiento político se resolverá a futuro, estando supeditada de una votación de los asambleístas en la que se deberá alcanzar una mayoría absoluta, contemplada en 70 votos, para continuar con el proceso.