¿Cuáles son los antecedentes de los nuevos consejeros del CPCCS y qué llevan en su agenda?

Todo parece indicar que el correísmo controlará nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana. De esta manera y según ellos, empezarán a “recuperar la Patria”. Los concursos para Contralor, vocales del CNE y Defensor Público les son prioritarios. Superintendentes y vocales del Consejo de la Judicatura podrían esperar... ¿El monstruo, vuelve?

El exministro de Educación, Mario Jaramillo, recientemente fallecido, escribió cinco meses atrás en el diario El Mercurio de su natal Cuenca: “El Consejo de Participación Ciudadana es la obra maestra del correísmo. Fue creado para hacer creer que las altas autoridades de control eran elegidas por sus méritos y no por su fidelidad. Así eligieron Contralor, Fiscal, superintendentes, obviamente todos afectos al gobierno. Hoy, unos están fugados y otros presos por corrupción. Con esas autoridades, la corrupción tuvo vía libre”.

El 14 de mayo, siete nuevos consejeros electos por votación popular, aunque con escasa votación, asumirán el control del organismo más poderoso de la administración pública y al mismo tiempo el menos conocido por el electorado. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué llevan en la agenda?

Un análisis de los resultados de la elección de consejeros de Participación Ciudadana, efectuada el 5 de febrero, nos refleja que el 45 por ciento de los votantes, casi la mitad, no se interesó en ningún candidato y votaron nulo o en blanco. El 55 por ciento restante debió escoger tres candidatos en dos de las tres papeletas. Las cifras publicadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) revelan que, tanto en la lista de hombres cuanto en la de mujeres, el elector escogió en promedio 1,5 nombres. Es decir que la mayoría de los votantes pensó que había que votar por un solo candidato.

El más votado fue Sócrates Augusto Verduga Sánchez, un abogado de 34 años que alcanzó el 17,3 por ciento de la votación. Es decir que aproximadamente solo uno de cada seis electores le dio su voto. Verduga lleva nueve años como servidor público. De hecho, los siete nuevos consejeros son o fueron empleados públicos, cinco de ellos empezaron su carrera durante el gobierno de Rafael Correa. Una en la Defensoría Pública, otra en el Ministerio de la Producción, una tercera en el Servicio de Contratación Pública, un cuarto en el Consejo de la Judicatura y un quinto en la Corte del Guayas.

Todos tienen estudios universitarios, la mayoría en Jurisprudencia. Tres son guayaquileños, cinco son costeños, una es ambateña y otra nació en los Estados Unidos. Cuatro son mujeres. La edad promedio es de 37 años, con 32 la menor y 46 la mayor.

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A Augusto Verduga, el más votado y quien podría presidir el organismo en los próximos dos años, le preguntamos por sus planes para los primeros 100 días en el cargo. “Muchas cosas”, nos dijo. Y añadió: “Primero reformar cierta normativa interna que no permite que los mecanismos de control social sean realmente eficaces. Hay mucha normativa obsoleta que impide que la ciudadanía realmente tenga la capacidad de llegar al Pleno del Consejo con resultados tangibles”.

Sobre la nominación de autoridades de control, nos dijo: “Obviamente, también tenemos que hacernos cargo de los concursos de méritos. He revisado mucho la normativa de los concursos más avanzados. Me estoy refiriendo al concurso de Contralor General del Estado, a la renovación parcial del CNE y el del Defensor Público. En todos y cada uno de los reglamentos hay deficiencias por decir lo menos. Hay pruebas prácticas absolutamente subjetivas que se prestan para el amplio margen de la discrecionalidad. Eso tiene que ser revisado. Eso también va a ser una prioridad”.

Uno de los temas que mayor interés despierta es la elección del próximo Contralor, un concurso que ha empezado varias veces y no camina. “Incluso hace pocos días se expidió una sentencia constitucional que manda retrotraer todo el concurso a la fase inicial”.

Pero Verduga reafirma que “Lo que sí es para hoy, para ayer, es Contralor y la renovación del CNE”. Sobre el Consejo de la Judicatura dice que “Dentro del cronograma, no está contemplado para 2023”. La renovación de Fiscal General debería darse en 2024.

Verduga ve también otro problema: “Las garantías jurisdiccionales dictadas a mansalva por jueces constitucionales de primera instancia, lo que hacen es dinamitar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana”. Nos cuenta que ya se han reunido los siete consejeros electos y que han decidido hacer un exhorto a la Corte Constitucional, “para que, de una vez por todas dirima este asunto del abuso de las garantías jurisdiccionales”.

El segundo en votación de los hombres fue Alembert Vera, un abogado que acaparó titulares hace 10 años cuando se presentó como patrocinador de Rafael Correa en una multimillonaria demanda contra diario El Universo. El 6 de mayo advirtió a los asambleístas: “Recuerden que el día de la votación, si lo salvan (a Lasso en el juicio político), serán partícipes de delitos como tráfico de influencias, concusión y cohecho”. Quizás lo dijo concordando con sus propios anuncios de que pondrá en marcha la facultad de control de la corrupción que tiene el CPCCS y que no ha sido ejercida hasta ahora. ¿Qué pasará?

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AUGUSTO VERDUGA SÁNCHEZ, EL ABANDERADO

Tras graduarse de bachiller en el colegio Logos, obtuvo el título de abogado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene masterados en Argumentación Jurídica en España y en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su vida laboral pública la empezó en el área de política aduanera del Servicio Nacional de Aduanas.

Tras un corto paso por el Ministerio del Ambiente, en 2016 ganó un concurso como Defensor Público, cargo que ejerce hasta hoy. Es militante del colectivo La Kolmena, fundado por su hermano Abraham, un medio de comunicación digital afín a la Revolución Ciudadana. “En La Kolmena somos de izquierda. Así lo decimos, sin ningún empacho. Si me pregunta por mis afinidades, admiro el proceso de la Revolución Ciudadana. Creo que Rafael Correa fue el mejor presidente que ha tenido el país. Eso no implica que yo tengo una hipoteca con esa fuerza política. Cuando he tenido que ser crítico con esa específica fuerza política, lo he sido”.

ALEMBERT VERA RIVERA, EL PENALISTA

Proviene de una familia con ramificaciones en Manabí y El Oro. Se recibió de abogado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil e hizo un masterado en Derecho Penal en España. El doctorado lo obtuvo en la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo un empleo fugaz en la Corte Provincial del Guayas. Fue el abogado que junto a su padre Gutemberg, dirigió la acusación que el entonces presidente Rafael Correa interpuso en contra del periodista Emilio Palacio y del diario El Universo por un editorial que el Mandatario consideró ofensivo. Aunque entonces ganó el juicio, posteriormente la Corte Interamericana de Justicia confirmó una serie de inconsistencias que se cometieron durante el trámite acelerado del proceso.

En su carta de presentación de la candidatura, Vera dijo que uno de sus objetivos es “enfocarse en la fiscalización desde el CPCCS”. Su candidatura fue abiertamente respaldada por el expresidente Correa. Ha impartido clases en universidades de España, Brasil, México y Ecuador.

ANDRÉS FANTONI BALDEÓN, EL PROFESOR

Es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Gerencia Educativa. Además, hizo una maestría en Orientación Vocacional en la Universidad Metropolitana del Puerto Principal. Se considera un activista social. Hasta 2019 estuvo de rector de un colegio privado bilingüe. En 2020 se vinculó a la dirección general del Registro Civil como coordinador zonal 8. Se lo considera cercano al Partido Social Cristiano porque ha trabajado, aunque poco tiempo, tanto en la Corporación Registro Civil de Guayaquil, cuanto en la Agencia Municipal de Tránsito como asesor.

Él prefiere ser identificado como gestor de Dibujando sonrisas, una fundación “sin fines de lucro con marcado compromiso en las causas sociales; trabajamos en tres ejes: Educación, Salud y Nutrición”. En el Consejo de Participación Ciudadana espera “potenciar las delegaciones provinciales para que sean canales educativos, de guía, de formación para activar los mecanismos de participación de una manera eficaz y ágil”.

BETSY YADIRA SALTOS RIVAS, LA CONTADORA ​​​​

Contadora y auditora por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y máster en Gerencia Empresarial por la Escuela Politécnica del Litoral. Informaciones publicadas la mencionan como cercana al exvicepresidente Jorge Glas. En los registros de la Contraloría General del Estado aparece como servidora pública en el cenit de la Revolución Ciudadana. Una de sus primeras funciones fue como asesora del Servicio Nacional de Contratación Pública.

También estuvo en el Ministerio Coordinador de Talento Humano y como directora de Gestión Estratégica de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Entre 2017 y 2018 trabajó en la Asamblea Nacional como experta legislativa durante la presidencia de José Serrano. Su hermano, Rafael Saltos, fue candidato por el correísmo a la alcaldía de Portoviejo. Entre sus objetivos está “promover el bien común para el buen vivir” y exigir que tantos las instituciones públicas cuanto los servidores públicos, rindan cuentas a la sociedad.

MISHELLE CALVACHE FERNÁNDEZ, LA REINA DE AMBATO

Fue reina de Ambato o reina de las Flores y de las Frutas en 2003. Asegura que esa experiencia fue fundamental para su desarrollo profesional dentro y fuera de la provincia del Tungurahua. Es abogada de la Universidad de Las Américas y máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Loja.

Su primer emprendimiento fue una agencia de viajes en Ambato que tuvo que abandonar porque su vida profesional y personal se trasladó a la Capital de la República. Empezó trabajando como abogada, en una comisaría de Quito. En 2015, durante el gobierno de Rafael Correa y hasta su finalización, ocupó la gerencia de Gestión Normativa del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. En 2021 ingresó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como subcoordinadora de Transparencia. Fue también coordinadora de Asesoría Jurídica en el Ministerio de Salud y secretaria general de la Empresa Eléctrica Quito.

NICOLE BONIFAZ LÓPEZ, ENTRE DOS AGUAS

De padres quiteños, nació y creció en el estado de Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, tiene la nacionalidad ecuatoriana. Es máster en Negocios Internacionales. Regresó al país al final del gobierno de Rafael Correa para trabajar como asesora del entonces asambleísta José Serrano, quien había sido ministro del Interior del correato.

Luego es captada por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas como coordinadora general. En 2019 pasó al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca como subsecretaria de Mipymes y artesanías. En 2022 ingresa como asesora de la gerencia general de Petroecuador, durante la gestión de Ítalo Cedeño.

Para postularse al CPCCS presentó certificaciones de trabajo de voluntariado con la fundación Embajadores Solidarios, ubicada en Durán. Aunque en sus inicios estuvo muy vinculada al bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, algunos analistas la mencionan como cercana al Partido Social Cristiano.

JOHANNA VERDEZOTO DEL SALTO, DESDE LAS MINORÍAS

Es la ganadora de la papeleta destinada a pueblos y nacionalidades indígenas. Se postuló como montuvia. Según sus redes sociales reside en Quito, pero su domicilio electoral está en San Miguel de Bolívar. Se graduó de abogada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes) de Ambato.

Sobre su labor en el servicio público se conoce desde que ingresó como asistente legal a la Defensoría Pública en 2015. También ha laborado para el Consejo de la Judicatura de Los Ríos, para la Procuraduría General del Estado como secretaria regional y ha asistido a la Defensoría del Puelo de Colombia como delegada provincial de Los Ríos. Dice no tener afinidad con ningún sector político y que, en el tema de la designación de autoridades, “Mi postura como consejera será continuar con los concursos, salvo que se encuentren vicios de algún tipo que puedan afectar la continuación de los mismos”.