Asamblea aprueba ley que hará obligatoria la educación financiera en todo el sistema educativo
La normativa, respaldada con 88 votos, busca prevenir estafas, fomentar el uso responsable del dinero y fortalecer la toma de decisiones financieras desde la infancia.
La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este miércoles la Ley Orgánica de Educación Financiera, una normativa que establece la enseñanza obligatoria de contenidos de formación financiera en todos los niveles educativos del país.
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El proyecto recibió 88 votos a favor, mientras que la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra. La iniciativa fue impulsada por el legislador Niels Olsen y contó con el respaldo de la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar.
La ley dispone que la educación financiera se integre de forma obligatoria en el Sistema Nacional de Educación, la educación superior, el sistema intercultural bilingüe, la etnoeducación y los programas de educación no formal.
Su alcance abarca a estudiantes desde nivel inicial hasta superior, así como a jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con escolaridad inconclusa.
También prioriza a grupos como habitantes de zonas rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales, con el objetivo de cerrar brechas de conocimiento financiero.
La normativa incorpora temas clave como el uso responsable del dinero, manejo de créditos, prevención de estafas, protección de datos personales y uso seguro de plataformas digitales.
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Además, contempla la enseñanza sobre validación de transacciones y riesgos asociados a tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, en un contexto de creciente digitalización.
¿Cómo se implementará?
Entre las medidas previstas se incluyen la capacitación continua de docentes, la articulación interinstitucional y la participación de entidades financieras públicas y privadas.
Asimismo, se establece la implementación de programas no formales obligatorios al menos una vez al año, sin fines comerciales y con énfasis en la transparencia y la protección del consumidor.
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El reglamento deberá emitirse en un plazo de 90 días, mientras que la política pública será evaluada cada tres años para medir su impacto.