Concejo de Guayaquil aprueba extensión de licencia a Aquiles Alvarez hasta el 26 de marzo
“Seguimos teniendo legítimo alcalde: Aquiles Alvarez”, dijo la vicealcaldesa Tatiana Coronel, al término de la última sesión del Concejo celebrada en el Palacio Municipal.
El Concejo de Guayaquil aprobó una nueva licencia para el alcalde Aquiles Alvarez, quien cumple prisión preventiva desde el pasado 10 de febrero por su supuesta implicación en un entramado de venta ilegal de combustible, investigado en el Caso "Goleada".
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El alcalde, procesado por presunta delincuencia organizada, permanece recluido en la Cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Horas antes de su detención ya había solicitado una licencia por quince días, que venció este martes.
En una sesión encabezada por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, quien funge como alcaldesa encargada, se resolvió otorgar al burgomaestre una nueva licencia sin remuneración que le permitirá ausentarse del cargo entre el 25 de febrero y el 26 de marzo de 2026.
En un oficio, enviado la semana pasada a los miembros del Concejo Municipal de Guayaquil, Aquiles refirió “motivos estrictamente personales” al explicar por qué solicitaba la extensión del plazo.
La moción de aprobación de la solicitud de licencia fue propuesta por la concejala Emely Vera, quien calificó como un "secuestro" la detención del burgomaestre en su vivienda, en el sector de Isla Mocolí, a las afueras de Guayaquil, el pasado 9 de febrero.
La edil Blanca López expresó su apoyo hacia Alvarez y adelantó que desde el Concejo de Guayaquil se apelará en los próximos días el dictamen de prisión preventiva que recae sobre el alcalde, sus hermanos, Antonio y Xavier; y otros dos implicados.
“Seguimos teniendo legítimo alcalde: Aquiles Alvarez”, dijo Coronel, al término de la sesión, celebrada en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, con la presencia de los quince concejales.
¿Cómo era la estructura de la trama delictiva, según la Fiscalía?
Los detalles sobre la investigación que llevó al alcalde de Guayaquil a la cárcel, de manera preventiva, eran desconocidos hasta ayer. Desde el pasado 23 de febrero, el sistema de la Función Judicial muestra los alegatos expuestos en la diligencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El fiscal narró que la estructura funcionaba con dos empresas base: Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A. Esta última es descrita como “una empresa de papel registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil”.
Según el expediente, el grupo utilizaba esas compañías para “beneficios económicos indebidos”. Básicamente, desviaban combustible desde Ternape, empresa que compraba diésel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final sería el segmento naviero nacional.
Sin embargo, el fiscal aseguró que Ternape revendía ese combustible subsidiado a precio real a embarcaciones con bandera internacional “recibiendo pagos directos a sus cuentas en el Ecuador”.
Como la empresa no podía registrar esas ventas en su contabilidad, Villavicencio aseguró que la estructura registró esos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A. bajo el argumento de que esta última no tenía cuentas bancarias en el Ecuador al estar registrada en Panamá.
No obstante, ante las consecuencias financieras de registrar montos elevados como pasivos en contra de la empresa Ternape, “la cúpula criminal decidió ceder la supuesta deuda de Ternape a nombre de los mismos dueños de Flonape Overseas S. A., que no son otros que los hermanos Álvarez Henríques”.
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Es así como una deuda de USD 2.700.000 se cedió en los valores de USD 800.000 a favor de Aquiles Alvarez y USD 1.900.000 a favor de Antonio Alvarez, quienes a su vez, decidieron no ejecutar el cobro de estos valores, sino que, por el contrario, resolvieron incrementar el capital de Ternape.