Priscilla Schettini pide ser reincorporada a la Asamblea al concluir sanción del TCE
La legisladora del correísmo había perdido sus derechos políticos por realizar comentarios "despectivas" hacia la exfiscal general del Estado, Diana Salazar.
Priscilla Schettini, quien fue electa como asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana en los comicios de febrero del 2025, remitió este lunes un oficio al titular del Legislativo, Niels Olsen, en el que le solicitó que le permita asumir su escaño, pues ya habría cumplido una sanción que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en mayo del año pasado.
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Schettini, reemplazada en su momento por el legislador correísta Santiago Díaz Asque, posteriormente separado del cargo al ser procesado por el presunto abuso sexual de una menor, señaló que la suspensión de sus derechos políticos culminó el 10 de febrero.
Inicialmente, el TCE había ratificado el 9 de mayo de 2025 una sentencia que contemplaba tres años de suspensión y el pago de una multa de USD 22.500, tras una denuncia presentada por la exfiscal general y actual embajadora en Argentina, Diana Salazar.
No obstante, la propia Schettini recordó que el 8 de octubre de 2025 la resolución fue revisada bajo el principio de favorabilidad, lo que redujo el tiempo de la sanción a nueve meses.
La asambleísta del correísmo añadió que el Ministerio del Trabajo emitió el mismo 23 de febrero una certificación en la que consta que ya no registra impedimentos para ejercer funciones públicas.
Luego de la salida de Díaz, en julio del año pasado, el curul pasó a ser ocupado por la legisladora Annie Muñoz.
En el documento dirigido a Olsen, Schettini reitera que ha cumplido íntegramente con la sanción, e insiste en que se disponga la habilitación de su escaño para ejercer las funciones legislativas que, afirma, le fueron conferidas en las urnas.
¿Por qué Schettini fue sancionada?
La resolución judicial que dictó la sanción contra Schettini, señaló que incurrió junto con la abogada Angélica Porras en expresiones despectivas y racistas hacia Salazar, mediante publicaciones en redes sociales que incluyeron hashtags ofensivos.
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Desde el movimiento político correísta se rechazó la resolución del TCE, argumentando que se trataba de una persecución política.