El concurso para Fiscal General se acerca a un punto crítico: podría naufragar con una eventual Constituyente

Según lo previsto, a inicios de diciembre se deberían abrir las postulaciones para quienes deseen participar en el concurso para nuevo Fiscal General del Estado, un proceso que lleva más de un año de retraso. La fase previa avanza con la descalificación de cuatro aspirantes a la Comisión de Selección, que tenían vínculos políticos y otras sombras. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) dice que esta vez nada detendrá el concurso, a menos que una posible Asamblea Constituyente decida darlo de baja.

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Todo dependerá de los intereses y cálculos políticos. En reiteradas ocasiones el presidente Daniel Noboa ha dicho que el CPCCS no debería elegir a las autoridades de control, como Fiscal, Contralor, superintendentes, etc., y que esa competencia debería pasar a la Asamblea Nacional. Incluso ha pedido la eliminación de esta entidad conocida como el ‘Quinto Poder’ del Estado. Y eso podría hacerse realidad si este 16 de noviembre el Ecuador le dice Sí a una de las cuatro preguntas de la Consulta Popular para instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y, entre otras reformas, cambie la estructura del Estado.

Pero, en teoría, así se instalase una Constituyente, eso no debería afectar los procesos del CPCCS y en especial el concurso para Fiscal, que es como hablar de la joya de la corona. Se espera que haya un nuevo titular de la Fiscalía para mediados del próximo año.

Entonces, ¿cuál es el problema? El meollo está en que se repita la historia. Aunque Noboa ofrece que su eventual Constituyente no se declarará de plenos poderes, nadie tiene certezas de que eso se respete. Esa eventualidad le daría el poder para intervenir en los otros poderes del Estado.

Es un escenario que, incluso, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, tiene presente. En entrevista con este medio, Fantoni dijo que la institución tiene el compromiso y el mandato para seguir con el concurso, ya que no existe ninguna normativa para detenerlo. Pero señala que si “la posible Constituyente decide eso (detener el concurso), cosa que no puedo asegurar porque no soy adivino, eso será potestad de los constituyentes”.

Hay que tener en cuenta que, si gana el Sí, la instalación de la Constituyente demorará unos cuatro meses hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame nuevamente a un proceso electoral para elegir a los miembros que conformarán esa Asamblea. Durante ese tiempo al menos el concurso para Fiscal debería continuar.

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Nadie tiene la bola de cristal. Los rumores en el CPCCS apuntan a que “una decisión política” podría dar de baja el concurso mucho antes, quizá la semana siguiente de la Consulta Popular. Y hay quienes creen que al gobierno no le interesa que avance esta designación. “Son rumores que nos dan mucha incertidumbre”, dice Hugo Arteaga, presidente de la Veeduría Ciudadana, que vigila el concurso para Fiscal. “El CPCCS no tiene claro cuál va a ser su futuro y nosotros como veeduría sentimos que no es justo que no se respete un proceso y después de tanto tiempo que empieza a caminar, ahora los políticos quieran terminarlo”.

“El problema es que ya lo hemos visto. En las constituyentes anteriores también dijeron que no se iban a declarar de plenos poderes y lo hicieron”, cuestiona Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), que también hace seguimiento del concurso. Añade que eso solo sumará más incertidumbre a la ya débil institucionalidad del país. Sobre todo a la justicia, puesto que una institución como la Fiscalía, con autoridades prorrogadas o subrogantes tiende a perder la legitimidad.

Lo más sano sería que el concurso termine, agrega, puesto que una posible Constituyente que termine en la aprobación de una nueva Constitución podría tardar más de un año, dejando a la Fiscalía por más tiempo sin una autoridad titular.

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El concurso está cerca de cerrar su primera etapa: la conformación de una Comisión de Selección que deberá estar integrada por representantes de las funciones del Estado y de la ciudadanía. Serán estas personas quienes lleven a cabo el concurso. Los aspirantes de la ciudadanía fueron más de 100 y quedaron 38 que entran a la recta final. La semana anterior fueron descalificados cuatro postulantes por haber sido candidatos o pertenecido a partidos políticos, y por tener causas en la Contraloría.

Aunque los requisitos para integrar esta Comisión estaban claros de que los participantes no deben tener filiaciones partidistas, no llama mucho la atención en este país que personas con intereses políticos quieran meterse por la ventana.

Los descalificados fueron:

José Daniel Montesdeoca Palacios: que fue asambleísta alterno de Karina Arteaga, del bloque de Alianza PAÍS en el periodo 2017-2021. En sus descargos para intentar seguir en el proceso dijo no estaba afiliado a ese movimiento político y por tanto eso no representa una afiliación partidista. Y añadió que nunca ocupó una dignidad de elección popular porque siempre fue alterno y nunca se principalizó.

Álex Leopoldo Bósquez Cáceres: Fue candidato a asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) en 2025. En su descargo dijo que nunca se afilió al partido ni fue afiliado a ningún movimiento, y que su único pecado fue haber aceptado la invitación del PSP para ser candidato. “Mi candidatura constituyó una postulación ciudadana de carácter temporal y simbólico, sin implicaciones de militancia y ejercicio del poder político”, intentó justificar Bósquez.

Édgar Joselito Argüello Cáceres: Fue candidato a asambleísta en 2021 por Unidad Popular y también en 2025 por el Partido Socialista Ecuatoriano. No presentó descargos y el CPCCS lo tomó como una aceptación tácita de la inhabilidad.

Héctor Bolívar Freire Villafuerte: No presentó en su carpeta el certificado de apoliticismo del CNE y registra una responsabilidad administrativa y civil culposa en Contraloría General del Estado. Tampoco presentó sus descargos.

Con estas cuatro descalificaciones quedan 38 postulantes que pasan a la etapa de méritos, en la que se asignarán puntajes de acuerdo a su hoja de vida, experiencia laboral, estudios, etc. Los 30 mejor puntuados irán a un sorteo de donde saldrán 10 finalistas: cinco principales que conformarán la Comisión de Selección y sus cinco suplentes. Se estima que esto demore hasta finales de noviembre y, en diciembre ya se pueda hacer la convocatoria para los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal.

La Comisión se completará con otros cinco principales y cinco suplentes que ya fueron designados por las funciones del Estado de la siguiente manera:

Ejecutivo: María Belén Toca Mena y David Eduardo Flores Brandt

Legislativo: Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto y Daniel Caicedo de los Ríos

Judicial: Natalia de Jesús Guarnizo Condolo y Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés

Electoral: Maribel Rocío Baldeón Andrade y Tayron Michel Valarezo Eras

Transparencia y Control Social: Pamela Teresa Garay Mateo y Carlos Andrés Guerrero Arizaga

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Las suspicacias no han faltado en esta etapa previa al concurso. Si bien, salieron a la luz los casos de quienes tienen pasado político y resultaron descalificados, desde la Veeduría Ciudadana, Hugo Arteaga, alerta que han realizado observaciones al expediente 118 de un participante para la conformación de la Comisión de Selección que tendría glosas en Contraloría, pero que al parecer ha pasado los filtros. También reclama que se les ha impedido vigilar ciertas decisiones.

Asimismo, se ha cuestionado la probidad de uno de los delegados del CNE, Tayron Michel Valarezo Eras, quien trabaja como fotógrafo en el despacho de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. La consejera Elena Nájera cuestionó esta designación argumentando que dentro del CNE hay perfiles más apropiados para cumplir esa responsabilidad, pero que primó la gente de confianza de la presidenta.

“El problema es que siempre han sido procesos políticos y obviamente nominan a gente de confianza en lugar de personas con formación adecuada para esas funciones. Eso hace que aumenten las probabilidades de politización del concurso”, dice Mauricio Alarcón de FCD.

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Otro de los cuestionamientos se dirigió a uno de los integrantes del equipo técnico del CPCSS que está revisando las postulaciones para la Comisión de Selección. Uno de los siete integrantes es Christian Troya, quien trabajó en el pasado con el ahora presidente de la Judicatura, Mario Godoy. También trabajó de cerca con Fausto Jarrín, el exabogado de Rafael Correa y Jorge Glas, y que ahora funge como asesor personal de Daniel Noboa.

A este respecto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, dice que, si bien puede saltar alguna suspicacia, “esto no se puede manejar por percepciones si no con hechos, con las reglas de juego y con la normativa”. Aclara que los siete integrantes del equipo técnico son responsables y no ha habido quejas, que se ha transparentado cada decisión y hay una Veeduría.

La Misión Internacional de Observación sobre la elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia en Ecuador emitió un informe en septiembre tras una visita al país. “La figura del o la Fiscal General tiene una relevancia estratégica para el Ecuador, especialmente frente a un escenario de creciente crimen organizado y desafíos de seguridad pública, incluyendo el combate a la corrupción”, dijo en su informe.

Por eso, recordó el lamentable retraso del concurso para Fiscal, que debió estar finalizado en abril de este año, cuando se terminaba el período de Diana Salazar. Con su salida en mayo de 2025, el fiscal subrogante Wilson Toainga asumió la titularidad. No obstante, en octubre Toainga pidió un pronunciamiento a la Procuraduría para saber quién se quedaría al mando de la institución en caso de su ausencia temporal o definitiva. La Procuraduría dijo que ese nombramiento le correspondía a la Judicatura y esta entidad nombró al fiscal Leonardo Alarcón, quien en las últimas semanas ya ha reemplazado temporalmente a Toainga.

La misión internacional hizo varias recomendaciones como ampliar la transparencia y mejorar los procesos de convocatoria para que hay perfiles más idóneos tanto de quienes van a la Comisión de Selección tanto para quienes quieran postular para Fiscal General. Además, cuestionó que el concurso pueda estar sujeto a intereses y tiempos políticos, ya que el CPCSS no hizo nada durante 2024 y luego de los resultados electorales de abril de 2025, recién encaminó el proceso. Previamente el CPCCS sufrió destituciones de algunos de sus vocales.

El informe también cuestionó que la exfiscal Diana Salazar fue nombrada como embajadora de Ecuador en Argentina, una vez que dejó el cargo, pero lo que más llamó la atención es que ese nombramiento empezó en enero de 2024, cuando el gobierno argentino otorgó el beneplácito y ella aún estaba en funciones. Ahora Salazar ha manifestado su intención de volver a Ecuador como candidata a asambleísta constituyente por el movimiento ADN, de Daniel Noboa.