Defensa de Inés Manzano reitera ante Comisión de Fiscalización que informe de Contraloría no la involucra
La defensa de la exministra sostuvo ante la Comisión de Fiscalización que el informe de Contraloría sobre el contrato con ATM ni siquiera la menciona.
La defensa técnica de Inés Manzano, exministra de Energía y Minas, centró su intervención de este martes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en dos frentes: cuestionar el valor probatorio de los documentos presentados por los asambleístas acusadores, y reconstruir una cronología del contrato con la empresa Austral Technical Management (ATM) que, según sostienen, exime de responsabilidad a la otrora funcionaria.
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El abogado Rafael Oyarte argumentó que un informe, por sí solo, no constituye prueba dentro de un proceso. Recordó que las categorías reconocidas como prueba son la testimonial, la documental, la pericial y la de inspección, y que incluso en el caso de un informe pericial, lo que tiene valor probatorio es la declaración del perito rendida directamente ante la instancia juzgadora.
Partiendo de ello, rechazó que se pretenda usar como prueba de cargo un informe de minoría —elaborado, según señaló, por el propio asambleísta acusador Blasco Luna— por carecer de la calidad de prueba y estar además superado por un informe de mayoría.
Oyarte cedió la palabra a su compañero en la defensa de Manzano, el abogado Ismael Quintana, cuya exposición giró en torno al informe de examen especial de la Contraloría General del Estado que analizó las fases del contrato suscrito con ATM.
Según el letrado, ese documento no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos y tampoco le dirige ninguna recomendación. Estas, especificó, están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los gerentes de la unidad de negocio involucrada.
El abogado señaló que si Manzano no figura entre los destinatarios de esas recomendaciones, el informe no puede sostener una acusación de incumplimiento en su contra.
Una cronología para separar la gestión de Manzano del origen del contrato
La defensa presentó una línea de tiempo, respaldada en anexos documentales, para argumentar que las decisiones más determinantes sobre el contrato con ATM ocurrieron antes de que Manzano asumiera la cartera de Energía y Minas.
De acuerdo con este recuento, en abril de 2024 el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción y la emergencia en el sector eléctrico, lo que llevó al Ministerio de Energía y Minas a emitir, el 23 de abril de ese año, una circular que exigía que toda contratación bajo ese régimen de emergencia fuera coordinada y aprobada por la Coordinación General Jurídica de la cartera.
El contrato con ATM, según explicó Quintana, se firmó el 9 de agosto de 2024, no por Manzano sino por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que ella fuera designada ministra de esa cartera.
Quintana subrayó que, para el 9 de octubre de ese año —fecha en que Manzano fue nombrada en calidad de encargada— ya se habían completado las etapas preparatoria, precontractual y contractual del contrato, que además se encontraba en ejecución, con el desembolso ya ordenado de los dos primeros pagos, por un valor cercano al 60% del monto total del contrato.
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Según la defensa, la primera actuación de Manzano frente al caso se produjo apenas dos días después de su nombramiento, el 11 de octubre, cuando el directorio de CELEC EP resolvió designar un nuevo gerente y dispuso ordenar a la Contraloría un examen especial sobre los contratos suscritos por la gestión saliente. Esa solicitud formal se habría concretado el 14 de octubre, y el examen especial de la Contraloría arrancó oficialmente el 16 de diciembre, a pedido de Manzano, según destacó Quintana.
La cronología continúa con la titularización de Manzano en el cargo el 11 de febrero de 2025 y con un acta de recepción parcial de bienes del contrato, fechada el 12 de febrero, en la que, según la defensa, quedó pendiente un pago del 5% del contrato (unos USD 4,5 millones) que finalmente no se ejecutó, por lo que no se habría generado perjuicio en ese tramo.
El 27 de junio 2025, la Contraloría notificó a Manzano que continuaba el examen especial y que seguiría recabando información, y el 14 de julio de ese año se aprobó el informe final, con hallazgos y recomendaciones de responsabilidad dirigidos a otros funcionarios, sin mencionar a la exministra.
Investigación contra ATM
La Fiscalía General del Estado sostiene una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
El caso se originó a partir de contratos eléctricos de emergencia adjudicados en 2024, en los que la empresa habría entregado generadores usados y defectuosos en lugar de equipos nuevos, como establecían las especificaciones contractuales.
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Ese incumplimiento habría generado pérdidas al Estado por cerca de USD 70 millones.
La denuncia formal contra ATM partió de la propia Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), tras detectar que el equipamiento entregado no cumplía con lo pactado.