El territorio digital: Un punto ciego en la legislación ecuatoriana

Vistazo

Gran parte de la vida de los ecuatorianos ocurre en un lugar que la legislación ecuatoriana todavía no reconoce: el territorio digital

El siglo XXI marca el génesis de la Cuarta Revolución Industrial, un período histórico inédito que se caracteriza por la consolidación de las tecnologías digitales como elemento intrínseco de la vida social de las personas, donde las esferas de la vida online y offline se entrelazan creando una sociedad híbrida con ciudadanos que simultáneamente piensan, sienten y actúan en dos dimensiones diferentes de la realidad.

Es preocupante notar que en Ecuador se sigue discutiendo la política como si la vida social ocurriera solo en las calles, oficinas y esquinas de los barrios; siempre limitada al espacio tangible. Pero una gran parte de la vida de los ecuatorianos ocurre en un lugar que la legislación ecuatoriana todavía no reconoce: el territorio digital.

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Hoy somos ciudadanos en dos ecosistemas: el físico y el digital. Conversamos, trabajamos, amamos, nos informamos y decidimos sobre nuestro futuro tanto en el padrón electoral como en la pantalla de nuestro celular por lo que cada vez hay menos distancia entre un “me gusta” en Facebook y un voto en la urna. La vida digital nunca ha sido un tema tan pertinente como hoy y todo apunta a que esta tendencia llegó para quedarse. Sin embargo, el Estado ecuatoriano sigue actuando como si lo digital fuera un simple accesorio o una mera fuente de entretenimiento, cuando en realidad es un espacio vital donde también están en juego los derechos de la ciudadanía.

En un país con una de las tasas más altas de analfabetismo digital en la región, esta omisión es grave. Millones de ecuatorianos de comunidades vulnerables navegan el internet varias horas al día sin herramientas críticas, expuestos a riesgos como el ciberacoso, estafas, desinformación y contenidos que amenazan su salud mental y que a muchos les cuesta la vida. Lo digital ya no es una ficción: es una condición elemental para ser un ciudadano competente. Un ecuatoriano sin acceso a internet, y aún más importante, sin un criterio formado para navegarlo es un ciudadano que no es capaz de gozar de sus derechos y libertades fundamentales plenamente.

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El reto actual es reconocer que lo digital es un territorio más que se entrelaza con el espacio físico. Eso implica legislar con visión integral, impulsar programas de alfabetización digital y diseñar políticas que no separen lo que en la práctica ya está unido: la vida online y offline - recientemente catalogada como “onlife”. Esto ya no es una elección que queda en manos del gobernante de turno sino una obligación de los organismos del Estado que han sido creados para velar por el bienestar de los ciudadanos en todos las dimensiones y territorios que habitan. Al ser un espacio de convivencia y producción social, cultural y económica, el internet es además un lugar donde el Estado debe estar presente; constantemente explorando los cambios tecnológicos que son la norma en el territorio digital y ajustando las leyes de manera ágil y responsable.

Tomarnos a la ligera lo que ocurre en este territorio es gobernar con un punto ciego. Hoy en día Ecuador, en medio de sus desafíos sociales y políticos, no puede darse el lujo de ignorar o minimizar la vida digital de sus ciudadanos. Aunque en el presente ya vemos iniciativas de legisladores locales que emulan esfuerzos de regiones tecnológicamente maduras como la Unión Europea por proteger datos personales e infraestructura crítica, estos se preocupan más por proteger los datos de los ciudadanos que a los propios ciudadanos en la esfera digital.

En la crisis social y moral que enfrentamos como país debemos poner nuestra atención en entender cómo las infraestructuras informáticas exacerban problemáticas sociales como la crisis de violencia alimentadas por algoritmos de redes sociales o el declive de la democracia por desinformación. Sólo así podremos implementar soluciones endémicas que respondan a los problemas locales sin caer en la tentación de crear mediocres réplicas de leyes que funcionan en contextos ajenos al nuestro pero poco aportan a la protección del ciudadano ecuatoriano en su manera única de habitar el internet.