Ecuador y Estados Unidos: El sabor agridulce de un acuerdo esperado
Desde que tengo uso de razón profesional, he defendido una idea que para muchos resultaba evidente: Ecuador debía avanzar hacia un entendimiento comercial sólido con su principal socio, los Estados Unidos. No solo por razones económicas —que son múltiples y contundentes—, sino también por una convicción más profunda: la creencia de que estábamos alineándonos con un país que, al menos en el discurso, decía estar del lado correcto de la historia, defendiendo libertades, derechos y reglas claras.
Ese acuerdo, finalmente, llegó. Pero no en la forma que muchos imaginamos.
Entendamos que no estamos ante un tratado de libre comercio tradicional, estructurado, equilibrado y con vocación de largo plazo. Estamos frente a un instrumento híbrido, condicionado, profundamente asimétrico. Y no puedo evitar reconocer que la sensación que me deja, es agridulce.
Sí, hay avances. Sí, hay oportunidades. Pero también hay concesiones que invitan y obligan a la reflexión.
La primera pregunta es inevitable: ¿por qué Ecuador decidió seguir negociando sobre la base de sobretasas arancelarias impuestas durante la administración Trump, que incluso fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Por qué aceptar como punto de partida una distorsión jurídica ya cuestionada en su propio origen?
A ello se suma un hecho particularmente sensible: uno de nuestros productos estrella, el camarón —emblema de la oferta exportable ecuatoriana— queda fuera del acuerdo. No es un detalle menor. Es, en muchos sentidos, un síntoma.
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Pero quizás los aspectos más inquietantes están en la estructura misma del entendimiento. Estados Unidos se reserva, en todo momento, la posibilidad de reimponer aranceles bajo argumentos amplios y discrecionales, como la “seguridad nacional”. Una cláusula abierta, que introduce un elemento de incertidumbre permanente y que desdibuja la previsibilidad que todo acuerdo comercial debería garantizar.
Al mismo tiempo, Ecuador asume compromisos exigentes en materia de propiedad intelectual y regulatorio, mientras abre su mercado a productos sensibles —carne, pollo, maíz— que compiten directamente con la producción nacional, con una diferencia estructural: los subsidios que sostienen a los productores estadounidenses.
El terreno de juego, claramente, no es parejo.
Y mientras otras regiones del mundo optaron por pausar, revisar o incluso renegociar sus acuerdos comerciales en un contexto internacional cambiante, como lo hizo la Unión Europea por ejemplo, Ecuador decidió avanzar, aceptar, cerrar. Sin mayor margen aparente para reequilibrar.
No se trata de rechazar el acuerdo. Sería simplista e incluso irresponsable. Ecuador necesita integrarse, diversificar mercados, atraer inversión. Pero una cosa es integrarse y otra muy distinta es hacerlo en condiciones que comprometan la capacidad de desarrollo interno.
Los acuerdos comerciales no son de izquierda ni de derecha. Son, en esencia, ejercicios de poder, técnica y estrategia. Y por eso mismo, deben negociarse con precisión, con firmeza y con visión de largo plazo.
Este acuerdo, pese al esfuerzo que indudablemente implicó, deja la sensación de que Ecuador obtuvo acceso, sí, pero a un costo que todavía no terminamos de dimensionar.
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Porque en comercio internacional, como en la vida, no basta con llegar a la mesa. Hay que saber levantarse de ella cuando el precio es demasiado alto.