Un Estado paria
2020/09/0303:09H.
POR CARLOS ROJAS ARAUJO
Que haya políticos empeñados en ser candidatos para sortear sus líos judiciales es la muestra de la degradación a la que el Estado ecuatoriano ha llegado como elemento esencial de la convivencia. Carondelet y la Asamblea no son los espacios para gobernar los graves problemas de la gente. Estas candidaturas pretenden ser el pasaporte a la impunidad, a la posibilidad de volverse más poderosos y autoritarios.
La revolución ciudadana, sobre la base del desgaste de Lenín Moreno, pretende untar con mermelada la forzada postulación de Rafael Correa a la Vicepresidencia. El argumento es que su liderazgo resulta fundamental para salvar la patria, más allá de que la gente dijo no a la reelección indefinida en los referéndums de 2008 y 2018 y así evitar que los caudillos se eternicen en el poder.
Es verdad que Correa tiene una dimensión política y que el debate sobre su retorno electoral y la supuesta persecución judicial que sufre permiten que la gente muerda el anzuelo de la victimización. Pero que en sus listas legislativas figure Pablo Romero, zar oscuro de la inteligencia política de su gobierno, sentenciado por secuestro (un delito contra los derechos humanos) es darle una bofetada al país y decirle que su Estado solo sirve para el encubrir a las castas.
Frente a las narices de ese Estado se han inscrito organizaciones políticas vinculadas a la corrupción, devenidas en partidos de alquiler. En ellas se patrocinan personajes de pésima reputación, con apellidos influyentes y con una hoja de vida donde lo único que sobresale es su capacidad para hacer show, vanagloriándose -con altas dosis de cinismo- porque la Justicia no pudo condenar sus delitos…
Ni siquiera esa Justicia (o quien se encargue de vigilar los grilletes) ha evitado la fuga de quienes han sido condenados por abusar del Estado y hacer mucho dinero a su costa en estos casi 14 años.
El Estado, que no puede pagar los sueldos de los médicos, hoy tendrá que indemnizar en el ámbito pecuniario los atropellos de una Justicia que sometió a jueces y fiscales, a cuenta del fallo de una Corte Constitucional que cree que el Ecuador tiene una chequera llena de ceros para ser girada sin empacho. Para colmo, hay un novísimo candidato presidencial, feliz por ser la sombra de su compañero de fórmula, que está seguro de que el Estado puede cubrir los salarios de miles de empleados, públicos y privados, cuando la crisis ha tirado al piso la recaudación tributaria y cuando el IESS que ellos dilapidaron hoy cuenta los centavos para completar el pago de las jubilaciones.
¿Hay derecho a tanta demagogia? El candidato del movimiento indígena está en contra de la producción petrolera y minera del país. Sin embargo, promete riqueza nacional y la tutela del Estado bajo la oferta de desarrollar el turismo, cuando esta actividad no llega ni al 2% del PIB.
El país de las mil y una constituciones no ha logrado definir un marco conceptual mínimo sobre el tamaño, las prestaciones y los alcances del Estado. Por eso, nadie lo respeta. Y hoy que está a punto de venir una nueva elección, el manejo de esta nave quebrada y ultrajada nos demuestra que la ambición y la sed de impunidad son infinitas. ¡Pobre Ecuador!