Estados, empresarios, complicidad y corrupción

Carlos Rojas Araujo

Prometiendo una revolución, casi como la de Alfaro, y bajo una retórica soberanista, el correísmo se apropió de la política y la economía. Puertas adentro hizo lo imposible por destruir a sus adversarios, acusándolos de ser lo más negro del pasado, y se convirtió en alfa y omega de la discusión nacional. Hacia afuera, evitó acordar con los organismos multilaterales, argumentando que el país tenía que escribir sus propias recetas por fuera de la ortodoxia. El pueblo aceptó estas condiciones ocho veces en las urnas. 
 
Nunca hubo revolución, tampoco soberanía. Lo de fondo era evadir cualquier control que le significara rendir cuentas sobre el manejo fiscal o aceptar la idea –democrática, por cierto– de someterse a los contrapesos esenciales.
 
Más que el ajuste a medias de Lenín Moreno, y su reclamo porque la mesa nunca estuvo servida, la trama del caso Sobornos 2012-2016 es la que finalmente muestra de cuerpo entero qué significó para la Revolución Ciudadana, el Estado y su compleja administración: poder sin límites y complicidad sin empachos.
 
Sin embargo, será un error imperdonable reducir el desenlace de este juicio a una batalla contra Rafael Correa, en su dimensión de caudillo, dejando de lado las otras lecciones que el país debe sacar si algún día se interesa por recobrar algo de seriedad y prestancia.
 
Aquí entran los corruptos y los corruptores; quienes postergaron, gracias al confort del petróleo a 100 dólares, la discusión sobre el valor de las instituciones y el respeto por los derechos civiles y económicos.
 
Los empresarios, como élite o categoría social, tienen que hacer un acto de contrición sobre lo que significó que varios de ellos se sometieran a la maquinaria electoral que operaba desde Carondelet. La investigación periodística de La Fuente y Mil Hojas, primero, y la indagación fiscal después, han develado docenas de ellas (unas grandes, otras de papel) involucradas en un carrusel de pagos, cruce de facturas y silencios que espantarían a cualquier contador honesto.
 
El correísmo dijo que el servicio de contratación pública era la pieza angular para combatir la corrupción y fomentar el derecho de todos a competir, pero detrás había contratos millonarios que servían para alimentar la fuerza electoral de Alianza PAIS hasta volverla inderrotable y autoritaria. Lo más curioso es que de cara a los micrófonos, muchos empresarios hablaban de democracia, reglas claras y transparencia.
 
Se condene o no a Correa, se identifiquen o no a las empresas que mordieron el anzuelo de los pagos millonarios, hay que hablar de cuán peligroso es que presidentes absolutos manejen todos los recursos del Estado, desde un modelo económico vertical abierto al chantaje.
 
Ayer pudieron ser ellos, mañana vendrán otros con intenciones similares. No importa el nombre, sino la maraña legal y ese discurso político que dota al Estado de una supremacía peligrosa e inexpugnable.
 
A los ciudadanos decepcionados, a los líderes políticos sensatos y a los empresarios comprometidos con el bien común les corresponde hablar de economía, inversión pública, alianzas privadas y transparencia fiscal desde nuevos referentes y planteando nuevos compromisos. Caso contrario, el país no tendrá futuro.