El pecado original
2020/10/1911:21H.
POR CARLOS ROJAS ARAUJO
En el país seguirán los sobresaltos políticos mientras no exista plena conciencia de que la función electoral tiene que transformarse. No solo es cuestión de leyes y sus permanentes reformas. Tampoco, de las credenciales éticas que exhiben las autoridades nominadoras que, cada cierto tiempo, dan forma al CNE. Ni de la mayor o menor cercanía de las fuerzas políticas en esta institución encargada –como rezaba en algún eslogan– de construir la democracia.
Hace falta un plan integral para su rescate y ojalá el nuevo gobierno y los próximos asambleístas tengan la fuerza y voluntad para emprenderlo. Claro, si es que las rencillas entre los cinco consejeros, el desorden y los apuros que muestra la organización de estos comicios, así como el papel díscolo que cumple el Tribunal Contencioso Electoral, no minan la legitimidad de quienes resulten electos.
Fácilmente se dirá que el CNE actual es la expresión fehaciente de que el plan de reestructuración institucional que comandó Julio César Trujillo tuvo grandes errores. Y que las cosas funcionaban mejor cuando el poder omnímodo de Correa organizaba las elecciones con consejeros, un Código de la Democracia y reglamentos nominados y aprobados bajo la concepción del partido único.
Pero más allá de esta aparatosa transición, lo que no se puede olvidar es que al CNE de Omar Simon, Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo y Diana Atamaint se les metieron organizaciones financiadas con sobornos, sin dejar de mencionar que aún se esperan investigaciones profundas para establecer si el narcotráfico hizo de las suyas. Que cuando la presión de la opinión pública es contundente y la sensatez llega a ese organismo, hay un TCE que revive partidos y desafía el debate de lo ético. ¿Merecen las organizaciones de Iván Espinel, Daniel Mendoza o el esposo de Pamela Martínez, tener registro electoral más allá de cualquier leguleyada?
Este ha sido, en general, el Consejo de los apagones informáticos, el que invitó a los simulacros electorales a la siniestra Tibisay Lucena del CNE venezolano. El que diseñó reglamentos para impedir la inscripción de políticos prófugos ajenos para luego hacer berrinche y victimizarse porque esas normas se aplicaron a los políticos prófugos propios. Es el CNE que a media noche aprueba inscripciones entre el peso de las normas y el cálculo político.
Es incierto el resultado inmediato que tendrá la carta que en días pasados firmaron 40 juristas, argumentando la ilegalidad en la inscripción del binomio correísta, así como el papel del TCE para relativizar los reglamentos y procesos aplicados para tal efecto.
Sin embargo, esas 40 firmas pueden ser la semilla de una agenda más importante: el rediseño de una función electoral que supere el concepto de ‘partidización’, introducido en la Constitución de 1998, y el de la tramposa ‘participación ciudadana’ de la carta política de Montecristi. Hoy cabe ensayar un nuevo término, la ‘profesionalización’ que, siguiendo el ejemplo del IFE de México (1990-2014), cree un organismo eminentemente técnico. El cómo hacerlo se resolverá luego de que entendamos que en esta función radica el pecado original de un país con instituciones débiles y muchos políticos incapaces y corruptos.