Tragedia del patrimonio público
2019/04/1108:01H.
La consulta popular del cantón azuayo de Girón en contra de la minería refleja rechazo al ineficaz sistema actual para evitar la contaminación. Sin embargo, al prohibir la minería, confunden totalmente el origen del problema. Su rechazo a la minería no corrige las falencias del actual sistema de manejo del patrimonio público, no detiene a la minería informal ni tampoco protege a los ciudadanos de futuros casos de contaminación. Expliquemos porqué.
El problema nace del actual sistema en donde el Estado es el dueño de los recursos naturales. Cuando el Estado es el propietario, por ejemplo del agua, en la práctica no existe dueño en términos económicos. Los funcionarios públicos no son propietarios del valor de esos bienes porque no pueden vender ni colocar acciones sobre el recurso. Entonces aparecen incentivos perversos. Al no tener la propiedad del recurso, el incentivo es extraer el máximo beneficio en su uso, destruyendo su valor en el largo plazo. Esto sucede, por ejemplo, cuando se otorga un exceso de licencias para explotación maderera sin tomar en cuenta el tiempo que requieren los bosques para su regeneración.
Tampoco ayuda la moral utilitaria que estipula que aceptemos una cantidad determinada de contaminación en beneficio del “bien común” o de la política pública (que normalmente no representa los intereses de los ciudadanos, sino de los políticos).
¿Cuál es la alternativa? Contaminación es enviar sustancias nocivas a la propiedad del resto de ciudadanos, sin contar con su permiso. Si los recursos fuesen privados (propiedad individual, comunitaria, asociativa o cualquier otra forma), sus propietarios serían quienes tengan el derecho a defenderlos de los ataques con desechos y contaminantes. Pero estos propietarios no podrían oponerse a las actividades productivas que se realicen en localidades que no sean de su propiedad. Por ejemplo, una comunidad puede prohibir la utilización de tractores en sus terrenos, pero no lo puede hacer en tierras de otros dueños. Solo entrarían en conflicto cuando existan casos reales de invasión vía contaminación, en cuyo caso tendrían el derecho a reclamar ante la justicia una indemnización para resarcir el daño provocado.
La tecnología para controlar las emisiones y los derechos de propiedad privada son los mecanismos más efectivos para resguardarnos de la contaminación. Se debe defender los derechos de propiedad por encima del arbitrario “bien común”. Este principio aplica no solo a la propiedad privada individual, sino también a otras formas como la comunitaria, que a través de la cooperación puede generar de manera espontánea reglas exitosas para explotar responsablemente los recursos de su propiedad evitando su colapso (y sin regulaciones estatales).
Usar al Estado para prohibir la minería en ciertas zonas es ineficaz para proteger a los ciudadanos de la contaminación, porque mantiene vigentes los incentivos perversos del actual esquema del patrimonio público. Debemos ir hacia un sistema de propiedad privada de los recursos naturales que permita que las decisiones productivas recaigan en sus legítimos dueños sin impedir su deseo de generar riqueza, pero que al mismo tiempo proteja de la contaminación.