¿Ciudadanos de segunda?

Alberto Acosta-Burneo

POR ALBERTO ACOSTA-BURNEO
 
El papa Francisco, en su encíclica más reciente Fratelli Tutti, aseguró que “el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados”. Al relativizar el derecho a la propiedad, el Pontífice está debilitando uno de los pilares de la dignidad humana. Expliquemos porqué.
 
Los derechos son el vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, son la forma de subordinar la sociedad a la ley moral. Los derechos son los principios que guían las acciones de todo individuo en su relación con el resto.
 
Para dignificar al hombre debemos respetar su particularidad y permitirle alcanzar la plenitud de lo humano. El único camino para lograrlo es defendiendo su derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Preguntarse cuál de estos derechos es el más importante es como preguntarse qué órgano del cuerpo es más importante. Derecho a la vida sin libertad es esclavitud. Por este motivo, el autoritarismo es inmoral, porque nos impide que usemos la totalidad de nuestras capacidades y la razón para nuestra supervivencia (por ejemplo, el socialismo cubano que prohíbe emprender).
 
Tampoco pueden existir derechos humanos cuando se excluye el derecho a la propiedad. Solo el derecho de propiedad permite defender el derecho a la vida, porque para sostenerla se necesitan medios materiales (alimentos, medicamentos, etc.). La propiedad crea, además, una esfera privada que sirve de barrera frente a la coerción de terceros, que defiende el derecho a la libertad. 
 
La economía de mercado es una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción. Los consumidores son quienes deciden quién debe ser propietario y en qué cantidad. Solo
quienes sirven más eficientemente a los consumidores tendrán más propiedad (más clientes y utilidades), mientras que quienes no lo hacen, perderán su propiedad. Es así como la propiedad cumple una función social.
 
Cuestionar el derecho a la propiedad privada crea ciudadanos “de segunda”, porque reduce las oportunidades de prosperar. Solo respetando TODOS los derechos individuales se logra crear sociedades de personas dignas y plenamente humanas.