Caso Capuccino: ¿Por qué la Fiscalía no aceptó la denuncia? abogado explica el vacío legal
Tras los intentos por recuperar a Capuccino, sus tutores exponen el recorrido realizado ante diversas instituciones para gestionar la devolución del animal.
La búsqueda de justicia para Capuccino, un perro de raza Cocker Spaniel, se ha convertido en una carrera de obstáculos para sus tutores. El caso inició cuando la familia intentó recuperar al can tras haberlo dejado temporalmente bajo el cuidado de un tercero; sin embargo, al recibir una actitud negativa y no poder recuperar a su mascota, decidieron acudir a las autoridades. Lo que empezó como un intento de denuncia formal, terminó en un peregrinaje entre la Fiscalía y el Municipio de Daule, provincia de Guayas, sin que hasta el momento la familia haya recibido una solución clara.
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Según relatan los familiares de la tutora legal, al intentar acudir a la Fiscalía se encontraron con una respuesta inesperada. Los funcionarios habrían indicado que el caso no podía ser ingresado bajo las figuras de robo o hurto.
De acuerdo con el testimonio de los afectados, la explicación recibida fue que en el sistema no existe el "hurto de mascotas" como tal, sino que estas entran en la categoría de "inmuebles".
Bajo esta lógica, para que la Fiscalía procese el hecho como un delito, el valor económico del animal debería superar un salario básico unificado. Al haber tenido el can un costo de USD 120, valor por el que lo compro su tutora legal, la denuncia no fue admitida, bajo el argumento de que el valor es insuficiente y que el tema es de competencia administrativa municipal.
"¿Qué somos, burlas?"
La frustración de la familia aumentó al notar, según sus palabras, una atención "déspota" y la falta de una guía mínima sobre cómo proceder. "Ni siquiera nos dieron información sobre bajo qué contexto podíamos poner la denuncia; simplemente nos dijeron que no se podía y ya", explicaron los familiares, quienes sienten que el sistema los ha dejado desprotegidos al tratar el caso de un ser sintiente bajo criterios meramente económicos.
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El recorrido continuó en el Municipio de Daule, donde los padres de la joven tutora buscaron asistencia. Sin embargo, allí les informaron que el trámite no correspondía a esa sede, sino que debían trasladarse a la La Aurora. Además de la distancia, se les notificó que para avanzar con cualquier tipo de verificación es necesaria una autorización formal por parte de la tutora legal de Capucciono, sumando un nuevo requisito a un proceso que ya lleva días.
El marco legal vigente
En una entrevista con Mascotas de Vistazo, el abogado, Diego Bastidas, miembro de ANIMALEX, defensa de los derechos de animales, explica que el problema central radica en una legislación desactualizada. Aunque la Corte Constitucional ya reconoce a los animales como sujetos de derechos, el Código Penal (COIP) en los artículos 585 y 588 aún los trata bajo una visión patrimonial.
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"El problema es que estos incidentes se consideran delitos de acción privada. Esto significa que la Fiscalía no interviene de oficio; el dueño debe presentar una querella formal con un abogado y asumir toda la carga de la prueba", señala Bastidas. Al no existir una figura clara de "robo de mascotas" que no dependa del valor económico, el sistema termina remitiendo los casos al ámbito administrativo.