Presos decapitados y cuerpos desmembrados en cárceles del país por conflicto entre bandas criminales

Más de 30 privados de la libertad  en la sección de máxima seguridad especial fueron masacrados por otros reos en el Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca. Abrieron la sección del centro con motosierras y otras herramientas.  El amotinamiento de la mañana del martes 23 de febrero del 2021, fue la mayor masacre de reos registrada a lo largo de la historia en Cuenca: 34 hombres asesinados en Turi, según el último informe de las 06:30 del pasado miércoles emitido por el Servicio Nacional de Rehabilitación.   La mayoría de ellos fueron decapitados y sus cuerpos desmembrados, según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).   Videos difundidos en redes sociales por los propios delincuentes mostraron a los cuerpos decapitados y a los prisioneros atacando con dagas, armas de fuego, garrotes y pateando a los cuerpos. El pabellón de máxima seguridad albergaba a unos 50 privados de la libertad, considerados peligrosos.   Este suceso fue parte de una jornada violenta de amotinamientos en las cárceles de  Guayaquil, Cuenca y Latacunga y que ha dejado 79 muertos en total. Con 34 víctimas en Turi, 8 en la de Cotopaxi, 31 en la cárcel Regional y 6 Penitenciaría de Guayaquil, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).    El director del SNAI, Edmundo Moncayo, ratificó la tarde del martes en Quito que la matanza se dio por la disputa por liderazgo de la banda Los Choneros, además de la intervención de Los Lagartos, Los Lobos, Tiguerones, Los Pipos y Chonekillers.   El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño aseguró que fue una "acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país".   

El alcalde de Cuenca, se pronunció acerca de “la delicada situación del CRS-Turi”. En el comunicado exige trasladar

a los privados de libertad de alta peligrosidad a cárceles nacionales e incrementar el personal para asegurar la

seguridad del centro y alrededores.

Además, convocar a los asambleístas electos en Azuay, “para en una gestión conjunta recuperar el Consejo de

Seguridad Pública del Estado (Cosepe) que faculte en el ámbito legal intervenir a las Fuerzas Armadas en los

centros”.