Las cooperativas triplicaron su volúmen de créditos en Ecuador: ¿por qué son tan atractivas y qué desafíos enfrentan?

En los últimos diez años, las cooperativas de ahorro y crédito han triplicado la cantidad de recursos entregados como créditos a socios y clientes, y representan hoy un tercio de todo el sistema financiero. El 56% de la población adulta está vinculada con una cooperativa; es decir, siete millones de personas se relacionan con el sector.

“Es la supervisión y el control lo que ha transformado la realidad del cooperativismo de ahorro y crédito hasta donde lo tenemos ahora”, afirma Margarita Hernández, ex superintendenta.

Hasta antes del 2012, cuando se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), alrededor de mil cooperativas funcionaban en andariveles separados. Unas, las que manejaban dinero para entregar crédito, estaban controladas por la Superintendencia de Bancos; y las restantes por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

A partir de entonces, todas pasan a manos del mismo órgano regulador y se inicia en un primer momento, según Hernández, un proceso de depuración del sector. Hubo liquidaciones forzosas y voluntarias, fusiones y absorciones.

Se empezó, entonces, a generar una cultura de cumplimiento de normas y regulaciones. Y aunque en un inicio las cooperativas se dividieron en segmentos de acuerdo a quién las había regulado –sea la Superintendencia de Bancos o el MIES-, a partir del 2014, cuando se emite el Código Monetario y Financiero, se las segmenta o agrupa por su volumen de activos; es decir, por la cantidad de créditos.

“Fue definitivamente bueno”, resalta la ex superintendenta. Las cooperativas que venían del MIES, y que no cumplían con regulaciones financieras, se repartieron en todos los segmentos y se vieron en la obligación de cumplir con normas que protegían a los socios y clientes. “Hubo una transformación”, dice Hernández.

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Ahora, son un total de 400 entidades, entre cooperativas y mutualistas, las que están controladas por la SEPS. La cifra toma en cuenta la liquidación forzosa de la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato y de CREA, en el último año.

Pero además de la regulación, hay un elemento que juega a favor de las cooperativas de ahorro y crédito: el vínculo entre el socio o cliente y la cooperativa. “Hacen lo que otros intermediarios financieros no hacen en materia de inclusión financiera; hay gente que solo accede a un crédito formal porque una cooperativa le prestó”.

Al comentario de Hernández, se suma el de Diego Utreras, ex director del Clúster Financiero. “La mayoría de ecuatorianos está en la base de la pirámide y esa base, de cierto modo, ha sido atendida por las cooperativas; su crédito está sobre todo en consumo y microcrédito”.

En el 2024, según la SEPS, el 52% de los créditos entregados por las cooperativas y mutualistas se concentró en cantones donde el nivel de ruralidad va del 25% al 50%. Mientras, el 48,5% de los créditos se otorgaron en cantones con un rango de pobreza del 25% al 50%.

Según los datos oficiales, el 89% de la cartera de crédito de las cooperativas se dirigió a consumo y microcrédito durante el año pasado. Y otra cifra importante: en los cantones de mayor ruralidad y de mayor pobreza, por cada dólar que captan, colocan 1,73 dólares.

Bajo una lógica diferente a la de los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito –por ejemplo- pueden reinvertir sus utilidades en nuevas agencias o puntos de atención al usuario, en lugar de dividirlas entre los accionistas, afirma Utreras. Además, quienes las sostienen son los socios: “si pones un dólar o diez mil dólares en una cooperativa, ya tienes una participación”.

También están sujetas a una normativa diferente a la de los bancos. Las cooperativas se rigen por la Ley de la Economía Popular y Solidaria; los bancos, por el Código Monetario y financiero y por estándares internacionales de supervisión.

Cada sector tiene una superintendencia propia; y en el caso de las cooperativas, que están divididas en cinco segmentos según su tamaño, “hay normativas específicas adaptadas a su escala: por ejemplo, el encaje bancario es menor y solo las cooperativas grandes están obligadas a una auditoría externa”, explica Utreras.

También las formas de gobierno son distintas: los bancos deben tener directorios con miembros independientes y perfiles técnicos mientras las cooperativas, sin importar su tamaño, pueden integrar un consejo donde participa cualquiera de los socios.

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“Se trata de una normativa diferenciada que puede ser vista como un escenario en el que las cooperativas no compiten en igualdad de condiciones con los bancos”, sostiene David Vera, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Internacional (UIDE).

Sin embargo, afirma Margarita Hernández, esta es una percepción que surge luego de que las cooperativas aprovecharan –a partir del 2014- una serie de condiciones y espacios para crecer y “ese crecimiento empieza a ejercer presión”. ¿Por qué?: “Porque si bien es cierto que las cooperativas hacen lo que ni la banca pública ni la privada hacen, también es cierto que todos conviven en el mismo sistema, con recursos limitados para captar”.

Para la ex funcionaria, que dirigió la SEPS por seis años, el organismo de control siguió una hoja de ruta para igualar la normativa; “en los mismos temas que estaban regulados los bancos, estaban reguladas las cooperativas; y a veces, de manera más exigente”. Es clave, insiste, en que la actual autoridad de control mantenga ese norte.

Las cooperativas de ahorro y crédito han ido creciendo hasta alcanzar –un puñado de ellas- un tamaño similar al de algunos bancos. En el segmento 1, que reúne a las más grandes, hay entidades que han colocado en crédito más de 80 millones de dólares, por ejemplo.

“Hay un riesgo sistémico importante en el sector”, afirma Vera; quiere decir que, si una de estas cooperativas enfrenta problemas, podría haber un efecto cascada dentro del sector.

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“La solución no es convertirlas en bancos”, añade, a propósito de la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea, que dispone que una parte de las cooperativas se conviertan en bancos. La Corte Constitucional suspendió su aplicación.

“El problema del sector cooperativo no es la falta de normativa, es un tema de falta de control”. Para el profesor de la UIDE, se debe discutir sobre cómo mejorar la supervisión dentro del marco constitucional, que reconoce la economía popular y solidaria.

Al referirse a la Ley, Utreras -en cambio- cree que “definitivamente hay una brecha en el equilibrio regulatorio y que el desafío es nivelar el campo”. También hay un reto, dice, por el lado de la capacidad de la Superintendencia para controlar un sector muy grande: “hay dos o tres cooperativas que si se vuelven bancos serían el séptimo u octavo en el ranking por activos”.

Todos coinciden en algo: no se puede perder el propósito del sistema financiero popular y solidario y su aporte a la inclusión financiera.