Comando de FF.AA. rechaza informe sobre protestas de 2019: no se disparó un solo proyectil de armamento letal
2021/03/2601:36H.
Tras conocer el contenido del Informe Especial para la Verdad y la Justicia, respecto de los manifestaciones ocurridas entre el 3 y 16 de octubre de 2019, presentado por la Defensoría del Pueblo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) emitió su pronunciamiento.
Mediante un comunicado, la institución detalla que "los hechos de violencia que pusieron en riesgo la seguridad y la integridad de los ecuatorianos, el 3 de octubre de 2019, obligó a que el señor presidente de la República (Lenín Moreno) expida el Decreto Ejecutivo 884, declarando el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional; movilizando a las Fuerzas Armadas para que apoyen complementariamente a las competencias de la Policía Nacional, a fin de garantizar la integridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos y evitar se vulneren los derechos de las personas con actos violentos".
Asimismo, resaltan que "las Fuerzas Armadas, por su estructura jerarquizada y subordinada, realizaron la planificación militar para la ejecución de las operaciones de apoyo en el estado de excepción, considerando obligatoriamente en las órdenes militares, el respeto a los derechos humanos, la protección de las garantías y libertades de los ciudadanos".
En ese sentido, las FF.AA. afirman que emplearon únicamente material y equipo antimotines, "lo que evidenció que no se disparó un solo proyectil de armamento letal en todo el tiempo que duraron las manifestaciones; al contrario, existieron graves afectaciones a la integridad y a la dignidad humana del personal militar que fue objeto de agresiones y vejaciones físicas que ocasionaron múltiples heridas; así como el secuestro de personal militar; destrucción e incineración de material y equipo militar, causando un perjuicio aproximado de 8'700.000; así como ataques violentos a unidades militares. Hechos por los cuales se presentaron las respectivas denuncias a la Fiscalía".
La Defensoría del Puebo creó una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia para investigar las movilizaciones de octubre del 2019. Sin embargo, a criterio de las FF.AA., el informe carece objetividad y fidelidad, por cuanto sus conclusiones son "SUBJETIVAS, ERRADAS y SESGADAS, al carecer de documentos e informes probatorios relacionados a la planificación militar".
Por último, la institución alega que actuaron en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos, respetando las normas nacionales e internacionales que precautelan estos derechos.
El pasado martes 23 de marzo, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una denuncia por el presunto cometimiento del delito de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, presidente de la República; María Paula Romo, exministra de Gobierno; Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; y, otras personas, para quienes solicitó la prohibición de salida del país.
La investigación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia analizó 519 testimonios, de esos 249 corresponderían a vulneraciones a los derechos humanos, presuntamente, perpetradas por agentes estatales, por lo que, según la Defensoría, "el carácter generalizado del ataque contra la población civil y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales configuran el delito de lesa humanidad".